En un comunicado, la patronal ha recordado que el texto aprobado este martes por el Consejo de Ministros no ha entrado en vigor, sino que inicia ahora su tramitación parlamentaria, por lo que ha pedido evitar confusiones sobre su aplicación inmediata.
AEHM ha asegurado que comparte el objetivo de proteger la salud pública y promover entornos saludables, pero ha subrayado que cualquier modificación normativa que afecte al turismo y a la hostelería debe tener en cuenta sus efectos sobre la actividad económica, el empleo, la productividad y la competitividad del país.
En este sentido, ha reclamado un análisis del impacto que las futuras restricciones podrían tener sobre las empresas del sector, las terrazas, los espacios turísticos y la gestión de los destinos, al tiempo que ha advertido de que una regulación más restrictiva podría situar a España en una posición de desventaja respecto a otros países europeos.
La asociación ha puesto como ejemplo a Francia, donde, según ha señalado, las terrazas han quedado expresamente excluidas de determinadas restricciones para evitar perjuicios a la hostelería y al turismo.
Asimismo, la patronal ha reclamado seguridad jurídica y calidad regulatoria, con normas «claras, proporcionales y previsibles» que ofrezcan un marco estable tanto para empresas como para ciudadanos.
En este sentido, ha pedido que el sector conozca con suficiente antelación aspectos como la fecha de entrada en vigor de la ley, las obligaciones para los establecimientos, el régimen sancionador, los periodos transitorios de adaptación y los criterios de inspección y aplicación por parte de las administraciones.
AEHM también ha defendido que el cumplimiento de las futuras restricciones no debe recaer sobre los trabajadores de la hostelería, al considerar que no les corresponde asumir funciones de vigilancia que podrían generar conflictos con la clientela.
Por último, la organización ha reclamado que, durante la tramitación parlamentaria del proyecto, se escuche a las empresas y organizaciones representativas del turismo y la hostelería con el objetivo de lograr una regulación que compatibilice la protección de la salud pública con la actividad y la competitividad de un sector que considera estratégico para la economía española.