Ambas comunidades alegaron que el contenido del Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda, no respetaba el orden competencial, especialmente en cuanto al sistema de financiación. Extremadura, asimismo, cuestionó los apartados en los que se hacía referencia a las zonas de mercado residencial tensionado.
Sin embargo, el Consejo de Ministros ha respondido este martes a los dos gobiernos autonómicos defendiendo que el Plan «no regula con carácter general la política autonómica de vivienda», sino el instrumento estatal de financiación, según se recoge en las referencias de este martes.
Así, ha recordado la sentencia del Tribunal Constitucional, que desestimó el pasado 9 de julio el recurso interpuesto por la Generalitat de Catalunya, abordando en particular la impugnación de los preceptos de la Ley relativos las subvenciones de vivienda.
El Gobierno ha incidido en que «la sentencia rechaza que los preceptos recurridos priven de capacidad de decisión a las comunidades» y sostiene que el legislador estatal «tiene atribuidas competencias para definir los fines y objetivos prioritarios de la financiación estatal».
«Ello no impide que las comunidades establezcan sus propios objetivos y prioridades al configurar sus políticas de vivienda», ha agregado.
El Ejecutivo también ha recalcado que la sentencia toma en consideración que la aprobación de los planes estatales precisa de la participación de las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo.