Así lo ha señalado el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, quien ha presidido la reunión que ha mantenido el Consejo Regional Agrario de Castilla y León en una finca de Tabladillo, próxima a Santa María la Real de Nieva (Segovia).
El consejero ha confirmado que hasta el momento se contabilizaban 19 focos de la enfermedad, lo que obliga al sacrificio de más de 1.400.000 animales, una cifra que «podría acercarse» ya a los 1,5 millones. El último brote detectado se localiza en la provincia de Segovia, que se suma a Valladolid y Zamora con presencia de la enfermedad.
El titular de Agricultura, quien ha recordado que esta enfermedad no tiene importancia para la salud humana, pero sí repercusiones económicas graves sobre las granjas afectadas son graves, ha explicado que los servicios veterinarios trabajan desde el primer día de la nueva legislatura con reuniones diarias de coordinación con el sector avícola, tanto de puesta como de carne, y en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El consejero ha defendido la necesidad de «un mando único veterinario a nivel estatal» y ha detallado que «se han reforzado las medidas de bioseguridad», tanto en el personal como en los medios de transporte que acceden a las explotaciones.
La vacunación, ha recordado, será obligatoria en las provincias afectadas a partir del 1 de agosto y se extenderá a toda la Comunidad desde el 1 de septiembre. Según ha indicado, la secuenciación genética del virus descarta relación con los brotes registrados en Valencia y apunta como «origen más probable a la fauna silvestre», en particular a las aves.
En las explotaciones con casos confirmados se procede al sacrificio total de los animales, mientras que en las zonas de vigilancia y protección, establecidas en un radio inmediato de tres kilómetros, otro de seguridad de diez kilómetros, y en la zona de restricción de diez kilómetros, se contempla también el «sacrificio preventivo en granjas no afectadas con el objetivo de cortar el ciclo de la enfermedad».
El consejero ha asegurado que la Junta de Castilla y León abonará los daños ocasionados por los sacrificios y que ya está sufragando los «costes de desinfección de las granjas afectadas», adelantando fondos mientras reclama al Gobierno central el cumplimiento del habitual reparto del 50 por ciento en las campañas de vigilancia y erradicación y alcance la mitad de los 12 millones que ya se han destinado a este fin, ya que hasta el momento sólo se han recibido 1,2.
En el mismo Consejo Regional Agrario, el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo; el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, y el coordinador de la Alianza UPA-COAG, Aurelio González, han coincidido en manifestar su preocupación por la seguridad sanitaria de las explotaciones tras la confirmación de dos focos en la provincia de Segovia en los últimos días.
Los tres líderes sindicales han trasladado a la Consejería la necesidad de reforzar el control de la enfermedad y de agilizar las ayudas a los ganaderos afectados.
FAUNA SILVESTRE Y LOBO
El encuentro ha servido además para abordar otros asuntos de la agenda agraria regional, como el plan de control de fauna silvestre y presupuesto que Donaciano Dujo ha pedido que sea «digno» para la consejería.
Respecto al control de fauna silvestre, el representante de Asaja ha citado especialmente al lobo, además de los jabalíes y corzos. Según Dujo, la fauna silvestre «está perjudicando hoy a la comunidad, al provocar accidentes de tráfico, transmisión de enfermedades y pérdidas económicas para la agricultura y la ganadería». En el Consejo Regional se ha pedido a la Junta un «plan sanitario único, coordinado entre el Ministerio, la comunidad autónoma y los ganaderos».
Respecto a la agricultura, se ha solicitado avanzar en un «plan de regadío que contemple más superficie regable, la mejora de infraestructuras existentes y la recarga de acuíferos».
El consejero ha respondido en la misma línea, al confirmar que su departamento ha asumido nuevas competencias sobre fauna silvestre y ha anunciado el desbloqueo de los pagos por daños del lobo, así como la actualización de los baremos de indemnización y medidas para «controlar» a la especie.
Además, ha recordado que Castilla y León votó en la última conferencia sectorial a favor de mantener el estatus de especie cinegética del lobo y ha exigido al Gobierno que remita «cuanto antes» a la Unión Europea el informe sexenal sobre su situación de conservación.
Una reivindicación de los sindicatos agrarios dentro del Consejo Regional ha sido la de contemplar «un plan ágil para la incorporación de jóvenes agricultores y la modernización de explotaciones», con expedientes que se resuelvan «de manera pronta» y no en «tres o cuatro años», como ocurre actualmente.
El consejero ha confirmado que ya se han desbloqueado ayudas de incorporación de jóvenes y que se firmarán «en los próximos días», una vez obtenido el crédito de Hacienda.
En materia presupuestaria, los sindicatos han reclamado un presupuesto «digno» para la Consejería, al recordar que en 2009 la partida de Agricultura ascendía a 670 millones de euros, frente a los 603 millones actuales, pese a haber asumido nuevas competencias en medio ambiente. Para los dirigentes agrarios la cifra necesaria para revertir la situación «se acercaría casi al doble» del presupuesto actual.