Como todo decreto ley, ese texto ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado tras haberse aprobado en Consejo de Ministros el pasado 29 de junio. El texto tiene que ir ahora al Congreso en un plazo de treinta días para decidir si se convalida o se deroga, pero no permite modificaciones en su articulado.
Podemos ha condicionado su apoyo a ese decreto ley a la fijeza de los interinos, y ha llegado a pedir al Gobierno que deseche el texto que se votará en el Congreso y redacte uno nuevo para reconocer la fijeza en su puesto de trabajo de cientos de miles de trabajadores de la administración pública que están «en una situación de fraude de ley y abuso de temporalidad».
Fuentes de la formación morada calculan que esa medida, avalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, podría a beneficiar a cerca de 900.000 personas. «Miles de trabajadores públicos son cesados cada semana, a pesar de que tienen derecho a ver reconocida la fijeza en su puesto de trabajo. Es una situación inaceptable que el Gobierno debe abordar inmediatamente», han incidido fuentes de Podemos.
Esas mismas fuentes apostillan que han optado por esta exigencia en el decreto ley porque la Ley de Función Pública está bloqueada en el trámite parlamentario precisamente «por no querer afrontar esta cuestión».
El partido también ha criticado que España se arriesgue a fuertes sanciones económicas de la UE por no cumplir con esta estabilización. En este sentido, ha recordado que el pasado 29 de junio terminaba el plazo que le dio la Comisión Europea para solucionar este problema y que, en lugar de actuar, el Gobierno pidió una prórroga.