La empresa pública señala en un comunicado que la sustracción de estos elementos, fundamentales para la explotación ferroviaria, causa graves perjuicios al servicio, ya que afecta directamente a diversos sistemas empleados en la gestión del tráfico ferroviario y repercute de forma crítica en un servicio público esencial.
Los robos de cableado vinculado a la electrificación o los equipos de señalización y telecomunicaciones tienen efectos que van más allá de su cuantía económica, ya que debe ser repuesto a la mayor celeridad posible para devolver la plena funcionalidad de las instalaciones y garantizar la seguridad, lo que obliga a cortar de forma parcial o total la circulación, generando retrasos y molestias a los usuarios.
Adif denuncia todas las sustracciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con las que mantiene una estrecha coordinación y colaboración para mitigar y perseguir estos delitos que afectan a todos los usuarios del ferrocarril (viajeros, operadoras o empresas logísticas) y a una infraestructura que califica de estratégica.
Tras una evolución decreciente entre 2018 y 2020, años en los que el número de denuncias pasó de 206 a un mínimo de 121, en 2021 se presentaron 279 denuncias, pasando a 392 en 2022, 360 en 2023 y 345 en 2024, alcanzándose en 2025 la cifra máxima del periodo y en 2026 una cifra muy próxima a la que se alcanzó en el año anterior en solo seis meses.
Por territorios y desde 2018, el mayor número de denuncias presentadas por Adif corresponde a robos en Cataluña (el 27,7%), Aragón (13,3%), Andalucía (11,6%), Comunidad de Madrid (9,4%) y Castilla-La Mancha (7,3%).
En lo que llevamos de 2026, el mayor número de denuncias presentadas por Adif corresponde a robos en Cataluña (el 37,8%), Aragón (el 23,1%), País Vasco (el 7%) y Castilla-La Mancha (el 6,2%).
ENDURECER LAS PENAS
Por todo ello, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a realizar una propuesta para endurecer las penas por el robo de cable y otros elementos de la infraestructura ferroviaria mediante una reforma del artículo 240 del Código Penal.
«La iniciativa responde a la reciente oleada de robos de cable que está provocando retrasos e interrupciones del servicio ferroviario y tiene como objetivo adecuar las penas a la gravedad de estas conductas, reforzar la seguridad jurídica, además de aumentar la protección de la infraestructura ferroviaria», argumenta.