Según ha informado el departamento, la iniciativa, en consulta hasta el 13 de julio, introduce cambios en los reales decretos 1955/2000 y 1434/2002, en línea con el Real Decreto-ley 7/2026 que desarrolla el Plan Integral de Respuesta a la crisis de Oriente Medio.
La norma articula dos procedimientos para liberar y adjudicar capacidad de acceso en nudos reservados a concurso: uno dirigido a repotenciar instalaciones renovables, especialmente eólicas, y otro orientado a desplegar autoconsumo en la industria manufacturera.
El texto también busca fomentar el almacenamiento, habilitando a las centrales hidroeléctricas reversibles a incorporar mejoras tecnológicas en el ámbito de la electrónica de potencia y permitiendo que las plantas solares termoeléctricas amplíen su campo solar y sumen sistemas de almacenamiento térmico.
En paralelo, prevé medidas para acortar la tramitación de redes eléctricas, como la supresión, en determinados supuestos, de la obligación de acreditar solvencia técnica, legal y económica ante la CNMC cuando ya quede garantizada por otros mecanismos de supervisión.
En materia de consumidores, el proyecto obliga a informar en la factura de gas sobre el origen del suministro, incluyendo el porcentaje de gas renovable, y añade el código postal y el consumo anual para facilitar el uso del comparador de ofertas de energía de la CNMC a través del código QR incorporado en el recibo.
Asimismo, impulsa la implantación de sistemas de capacidad dinámica de líneas (DLR) para aumentar la capacidad de la red existente y recoge nuevos requisitos técnicos asociados a los códigos de red, el control de tensión, las rampas de potencia y las especificidades de los territorios no peninsulares, como los valores unitarios de referencia de la generación convencional.
Durante la inauguración de la nueva interconexión eléctrica norte entre España y Portugal, la vicepresidenta del Gobierno y titular de Transición Ecológica y Reto Demográfico defendió que estas medidas se adoptan con la convicción de que la transición ecológica «beneficia a todos los ciudadanos de España, Portugal y de toda la Unión Europea en su conjunto».
Las alegaciones al proyecto podrán presentarse hasta el 13 de julio mediante el formulario habilitado por el departamento.