Este convenio viene a ampliar el Protocolo General de colaboración en la lucha contra el fraude financiero firmado en 2022 por 19 entidades públicas y privadas, entre las que se incluyen la Guardia Civil y el Banco de España. El protocolo prevé que las partes puedan suscribir convenios específicos que determinen las obligaciones y derechos de cada parte.
En virtud de este convenio, la Guardia Civil se compromete a informar al Banco de España de las personas físicas o jurídicas que ofrezcan actividades reservas o utilicen denominaciones reservadas sin estar inscritas en el supervisor financiero. También informará de la incoación a dichas personas de procedimientos judiciales que pudieran guardar relación con esas actividades.
De su lado, Banco de España informará a la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil los hechos de los que tenga conocimiento en materia de reserva de actividad y denominación que puedan constituir indicio o prueba de comisión de un posible delito.
El supervisor financiero se obliga también a colaborar con la Jefatura de Policía Judicial para facilitar las investigaciones en relación con la normativa de ordenación y disciplina específicamente aplicable a los sujetos que infrinjan la reserva de actividad o denominación. También facilitará la investigación sobre los productos financieros que dichos sujetos pueden ofrecer a su clientela. El citado asesoramiento no comprenderá la emisión de informes periciales que puedan ser incorporados a un expediente.
Asimismo, se crea una comisión de seguimiento, encargada de velar por el cumplimiento de lo establecido en el convenio y resolver los problemas de interpretación y las incidencias que puedan plantearse en relación con el mismo.
Este convenio tendrá una validez de cuatro años, prorrogables por otros cuatro adicionales.