Así, este análisis defiende una «apuesta condicionada», ya que los centros de datos pueden reforzar la posición de España en la economía digital europea, pero solo si la contrapartida que exigen (suelo, energía, agua, fibra y capacidad de red) se traduce en «captura efectiva» de valor en el territorio.
El trabajo detalla las condiciones que deberían exigir las comunidades autónomas y alerta de los riesgos del nuevo régimen de acceso a la red del Real Decreto-ley 7/2026, siendo la principal conclusión que la apuesta española por los CPD solo tiene «pleno sentido» cuando el Estado establece unas reglas de acceso predecibles y no discriminatorias a la red eléctrica, y el territorio pone, con transparencia, las condiciones del valor.
LA IA HA DISPARADO LAS NECESIDADES DE CÓMPUTO
«Si España acierta en ambos, los centros de datos pueden reforzar su posición en la economía digital europea, pero si falla en cualquiera de los dos, habrá cedido recursos escasos a cambio de mucho menos de lo que esta inversión puede ofrecer», advierte. En este sentido, el informe destaca las características del contexto actual, que revisten de especial importancia estos centros, ya que, por ejemplo, la inteligencia artificial (IA) ha disparado las necesidades de cómputo y, con ellas, la dimensión de los centros de datos.
De hecho, los nuevos campus se conciben ya como grandes instalaciones industriales y demandan volúmenes de energía muy superiores a los de la generación anterior.
«Esto los ha convertido en infraestructuras estratégicas, y España, por sus condiciones energéticas, su suelo y su fibra, es uno de los destinos europeos más atractivos», indica Fedea, que incide en que los CPD pueden aportar infraestructura crítica, industria y empleo cualificado, pero solo si la contrapartida que exigen (suelo, energía, agua, fibra y red) se traduce en valor real para el territorio, ya que el mayor valor de la cadena, el cómputo y los servicios ‘cloud’ e IA, «es justo el más difícil de retener».
CAPTURA DE VALOR SE DECIDE EN EL TERRITORIO
Al respecto, Fedea ha detallado que la captura de valor se decide en el territorio, por lo que las comunidades autónomas y municipios deberían vincular la rapidez administrativa y los recursos escasos a compromisos verificables (industria local, formación, adopción tecnológica, agua y retorno fiscal), «pero mediante reglas públicas y transparentes, no en negociaciones opacas caso por caso que abran la puerta al trato desigual».
En esta línea, Fedea ha comentado que el RDL 7/2026 acierta en intentar frenar el acaparamiento de permisos de acceso a la red, pero abre una vía discrecional.
«Hay concedidos muchos más megavatios de red de los que llegarán a construirse, y la norma hace bien en frenar ese acaparamiento», asegura, destacando que el problema es que crea una vía rápida con criterios «vagos» que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) critica por convertir la escasez de red en un «instrumento de política industrial e invadir competencias autonómicas».
De hecho, la ley solo permitía denegar el acceso a la red por falta de capacidad, pero este RDL convierte el cumplimiento de requisitos de sostenibilidad en condición de acceso para los CPD, con lo que un centro que no los cumpla puede perder el permiso y quedarse sin poder operar.
«Esta exigencia recae únicamente sobre los CPD y no sobre otros grandes consumidores eléctricos, como una acería o una cementera», asevera, para luego subrayar que a los grandes campus de IA (de más de 100 megavatios) se les obliga a estar entre el 15% más eficiente del sector, con lo que al ser un umbral relativo, pueden perder el permiso sin haber empeorado, solo porque otros mejoren.
REGLAS DE ACCESO CLARAS A LA RED
Por último, el estudio pone el foco en que España tiene una «ocasión real» de reforzar su posición en la economía digital europea con los CPD.
«Para aprovecharla al máximo, conviene que el Estado ofrezca reglas de acceso a la red claras, predecibles y no discriminatorias, y que el territorio fije, con transparencia, las condiciones que convierten la inversión en valor local», concluye.