El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cifrado en un 40% la reducción de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) ilegales en la capital respecto a 2025. En términos absolutos, la cifra ha pasado de 22.435 a 13.431 inmuebles, lo que supone 9.004 viviendas menos. Este descenso contrasta con la caída interanual del 15% registrada a nivel nacional.
El regidor ha vinculado esta evolución a la aplicación del Plan Reside, impulsado por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, y aprobado definitivamente en septiembre del pasado año. Entre sus principales medidas figura la restricción de nuevas licencias para viviendas turísticas dispersas en edificios residenciales del centro histórico, con el objetivo de ordenar la oferta y garantizar su legalidad.
Fuera de esta zona, el Ayuntamiento limita la concesión de licencias a aquellos inmuebles que dispongan de acceso independiente en planta baja o primera, una medida orientada a evitar la convivencia directa con viviendas de uso residencial.
Refuerzo del régimen sancionador
Las actuaciones del Plan Reside se complementan con el plan transitorio activado en abril de 2024, que endureció las sanciones a los propietarios de viviendas que operan como uso turístico sin autorización municipal. Entre otras medidas, se incluyó la publicación de un listado oficial de viviendas con licencia y su localización.
Antes de la puesta en marcha de este marco específico, el Ayuntamiento carecía de una normativa sancionadora concreta para este tipo de actividad, por lo que los procedimientos se regían por la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. Desde la entrada en vigor del plan transitorio, las inspecciones municipales actúan bajo el amparo del artículo 204 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, lo que permite intervenir ante viviendas que no pueden ser legalizadas o que operan sin licencia.
Colaboración con administradores de fincas
En junio de 2024, el Ayuntamiento, a través de la Agencia de Actividades, firmó un convenio con el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid para reforzar el control sobre este tipo de alojamientos y mejorar la información a las comunidades de propietarios.
El acuerdo busca facilitar el cumplimiento normativo y evitar la presencia de viviendas turísticas ilegales en edificios residenciales. En este marco, los administradores informan a los propietarios sobre las posibles sanciones y los procedimientos para regularizar su situación cuando la normativa lo permite.
