Así lo ha comunicado este jueves el despacho de abogados Araúz de Robles, que representa a distintas asociaciones de empleados públicos temporales y es el impulsor del caso sobre la temporalidad en el empleo público en España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En este sentido, el bufete explica que este documento de «líneas rojas innegociables» llega en un momento de especial relevancia jurídica e institucional tras la sentencia del TJUE del pasado mes de abril sobre el caso Obadal, en la que dictaba que las medidas previstas en España para hacer frente al uso de contratos temporales sucesivos en el sector público no se ajustan al Derecho de la Unión Europea.
Desde el despacho Araúz de Robles se afirma que cualquier respuesta legislativa al fallo europeo debe partir de que este problema ya no puede abordarse como una cuestión de oportunidad política, sino como una obligación jurídica derivada del Derecho de la UE.
«El legislador español no tiene margen para aprobar una solución meramente formal o parcial. La sentencia Obadal exige medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias, capaces de sancionar el abuso cometido y de eliminar sus consecuencias. Cualquier norma que deje fuera a colectivos afectados, que mantenga la precariedad o que se limite a indemnizaciones tasadas volvería a situar a España en un escenario de incumplimiento», señala Javier Araúz de Robles.
En su opinión, la sentencia Obadal ha descartado que las soluciones aplicadas hasta ahora en España puedan considerarse suficientes para cumplir la normativa europea. En particular, el TJUE ha cuestionado la figura del indefinido no fijo, las indemnizaciones tasadas, los procesos selectivos o de estabilización y el régimen de responsabilidad previsto legalmente cuando estas medidas no permiten sancionar debidamente el abuso ni reparar sus efectos.
Para Araúz de Robles, el pronunciamiento del TJUE obliga a revisar «de forma integral» la situación de funcionarios interinos, personal estatutario y personal laboral temporal que durante años han ocupado plazas estructurales en la sanidad, la educación, la justicia y la administración general.
«No estamos ante una reivindicación corporativa, sino ante la necesidad de dar cumplimiento a una doctrina europea vinculante. Durante más de dos décadas, miles de empleados públicos han prestado servicios permanentes bajo vínculos formalmente temporales. Esa situación no puede resolverse con una compensación limitada ni con procesos que no distinguen adecuadamente entre quienes han sido víctimas del abuso y quienes no lo han sido», advierte.
REPARACIÓN «REAL» A LOS MILES DE INTERINOS AFECTADOS
El documento registrado por las organizaciones de interinos fija los mínimos que debería respetar una futura norma para no reproducir los errores ya señalados por el TJUE. Entre ellos, la inclusión de todos los colectivos afectados, la reparación real de quienes han sufrido el abuso, la adopción de una sanción efectiva frente a las Administraciones incumplidoras y la garantía de que la temporalidad abusiva no vuelva a convertirse en una práctica estructural.
Araúz de Robles recuerda que esta cuestión tiene además una dimensión institucional inmediata, pues la Comisión Europea abrió el pasado 29 de abril un dictamen motivado contra España, paso previo a un posible recurso ante el TJUE, al considerar que el ordenamiento español sigue sin ofrecer una respuesta adecuada al abuso de temporalidad en el sector público.
El despacho recuerda además que la resolución de este problema condiciona el desbloqueo de fondos europeos vinculados al cumplimiento de los compromisos asumidos por España.
Araúz subraya que corresponde a las Cortes Generales, a iniciativa del Gobierno, aprobar la solución legislativa, pero advierte de que esa solución debe ajustarse necesariamente a los parámetros fijados por Europa.
«El Parlamento es quien debe legislar, pero debe hacerlo dentro del marco jurídico europeo. La sentencia Obadal no permite volver al punto de partida ni aprobar una solución que nazca ya como insuficiente. Lo que está en juego es la tutela efectiva de los derechos de miles de empleados públicos, la credibilidad del Estado español en el cumplimiento del Derecho de la Unión y también el riesgo de pérdida de 625 millones de euros de fondos comunitarios, además de una eventual sanción económica de la Comisión Europea que terminaríamos pagando todos los españoles», señala Javier Araúz.