Los resultados reflejan que la sociedad española está «concienciada» sobre el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones, aunque esa percepción convive con una amplia desconfianza sobre la eficacia de las reformas realizadas hasta ahora y con un escaso respaldo a posibles nuevas medidas.
Por edades, la percepción de que el pago de las pensiones supondrá un problema para la economía es más elevada entre la población joven. En concreto, alrededor de tres cuartas partes de los encuestados de entre 18 y 45 años comparten esa opinión, porcentaje que desciende al 67% entre quienes tienen entre 46 y 60 años y al 53% entre los mayores de esa edad.
En este contexto, ocho de cada diez personas no jubiladas (79%) consideran que las reformas efectuadas hasta ahora no serán suficientes para asegurar el pago de la pensión que recibirán cuando se jubilen. La desconfianza alcanza el 90% entre quienes tienen entre 31 y 45 años. Además, el 93% cree que el sistema volverá a reformarse antes de su jubilación, una percepción que también comparten dos de cada tres mayores de 60 años.
LOS JÓVENES, LOS MÁS PERJUDICADOS
Cuando se pregunta a quienes creen que las pensiones supondrán un problema económico por los principales perjudicados, el 70% señala a los jóvenes, frente al 17% que apunta a las personas mayores. Incluso entre los mayores de 60 años y entre quienes ya cobran una pensión de jubilación predomina la opinión de que serán las generaciones más jóvenes las que sufrirán en mayor medida las consecuencias.
Esta percepción cobra aún más relevancia porque el 56% de los encuestados considera que los trabajadores menores de 40 años disfrutan actualmente de una peor situación económica que los pensionistas, mientras que solo el 25% opina lo contrario.
«La conclusión que permiten extraer los datos da que pensar: a juicio de la mayoría de la población, los jóvenes, a los que, en general, ya se les considera peor posicionados en términos económicos, van a sufrir principalmente los perjuicios del problema de las pensiones», ha señalado Chuliá.
La encuesta también pone de manifiesto una preocupación extendida por la suficiencia de las futuras prestaciones. En torno a dos tercios de las personas activas mayores de 30 años (68%) afirman estar preocupadas porque su pensión no les alcance para vivir «sin aprietos», una inquietud que aumenta con la edad y que alcanza su nivel más elevado entre las mujeres mayores de 60 años que todavía no se han jubilado.
En cuanto al ahorro para la jubilación, seis de cada diez personas no jubiladas consideran que tiene sentido realizar alguna inversión para complementar la pensión pública.
Esa predisposición aumenta entre quienes cuentan con niveles de renta más elevados y entre los hombres de entre 18 y 34 años, un colectivo en el que, según ha explicado Chuliá durante la presentación, se observa una «predisposición bastante acusada» hacia las inversiones.
Preguntada por este resultado, Chuliá ha señalado que ese perfil inversor «probablemente» guarda relación con el consumo de información financiera en ámbitos no institucionales, aunque subrayó que Funcas no ha estudiado esa cuestión «a fondo».
«MOLICIE REFORMISTA»
Pese a esa preocupación por la sostenibilidad del sistema, la encuesta detecta una «molicie reformista» entre la sociedad española. Aunque las medidas dirigidas a aumentar los ingresos del sistema reciben un mayor respaldo que aquellas que implican prolongar la vida laboral, en todos los casos predominan las personas que rechazan las reformas planteadas.
La propuesta que suscita un mayor rechazo es elevar progresivamente la edad de jubilación hasta los 70 años, una medida a la que se opone más del 80% de los encuestados en todos los grupos analizados. También recibe un amplio rechazo aumentar el número de años necesarios para acceder a una pensión contributiva, mientras que la creación de un impuesto específico para financiar las pensiones o el incremento de las cotizaciones sociales generan igualmente una oposición mayoritaria, aunque menos intensa.
MÁS DE LA MITAD APUESTA POR UN SISTEMA MÁS CONTRIBUTIVO
Frente a ese rechazo a las medidas concretas, la encuesta identifica un posible punto de apoyo para futuras reformas. El 58% de los encuestados se inclina por un sistema más contributivo, en el que las prestaciones guarden una relación más estrecha con las cotizaciones realizadas durante la vida laboral, frente a un modelo más distributivo basado en criterios de suficiencia.
Chuliá ha señalado que buena parte de los expertos en pensiones defienden reformas orientadas a reforzar el carácter contributivo del sistema y ha considerado que los resultados de la encuesta muestran un respaldo mayoritario a ese principio.
No obstante, ha insistido en que la encuesta no pretende ofrecer «criterios de actuación», sino reflejar cómo percibe la ciudadanía el futuro de las pensiones.
En todo caso, ha concluido que el éxito de una eventual reforma en esa dirección dependerá de un «diseño técnico acertado» y de que se explique «bien a los ciudadanos de todas las generaciones» para generar confianza en el sistema.