Los de Santiago Abascal plasmaron estas peticiones en una moción consecuencia de una interpelación urgente dirigida a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que calificó la idea de Vox de «racista e indecente». El hemiciclo al completo ha votado en contra.
Alguno de los puntos pedían explícitamente al Gobierno establecer un sistema de acceso a vivienda protegida, alquiler social o ayudas a la vivienda «inspirado en el principio de prioridad nacional y que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a los españoles».
ECHAR A LOS QUE «VIVAN DE AYUDAS PÚBLICAS»
Otras peticiones pasaban por proceder a la repatriación de todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en España y a la deportación de los que, al margen de su situación administrativa, cometan delitos o traten de «imponer costumbres o valores ajenos a la cultura occidental». Vox también planteaba favorecer la remigración y el retorno de todos aquellos extranjeros que no trabajan, no contribuyen al sistema y «viven de ayudas públicas».
A renglón seguido, el partido proponía implantar mecanismos reforzados de control y verificación padronal para prevenir empadronamientos fraudulentos, situaciones de sobreocupación, pisos patera y utilización irregular de inmuebles, estableciendo sistemas automáticos de alerta, procedimientos de comprobación municipal e inspecciones específicas.
Para conseguir sus objetivos, Vox planteaba una modificación de la ley de 1985 reguladora de las bases del régimen local, la Ley Orgánica del 2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y la de Arrendamientos Urbanos de 1994.
Por último, el grupo parlamentario insistía en pedir la eliminación o reducción «significativa» de los impuestos a la compra de primera vivienda habitual por parte de jóvenes, familias y trabajadores españoles.