PALMA, 3 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Palma ha abogado por ejecutar el desalojo forzoso de la antigua prisión, en la que actualmente residen alrededor de 80 personas, pese a la petición del Obispado de Mallorca de hacerlo de forma escalonada.
De este modo ha reaccionado la portavoz del equipo de gobierno municipal, Mercedes Celeste, a las palabras del obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull.
El prelado, al ser preguntado acerca del desalojo del inmueble, autorizado por un juez, ha defendido que la acogida de los residentes debería realizarse de forma «personalizada» y en pequeños grupos, al considerar que cada caso requiere una atención específica.
«No podemos recibir masivamente a 100 personas porque no sabríamos dónde ponerlas», ha señalado el obispo, quien ha reiterado su disposición para colaborar en la atención a los afectados, aunque ha advertido de que no puede asumir una acogida masiva.
Cuestionada acerca de esta postura del religioso en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este miércoles, Celeste ha abogado por realizar el desalojo de manera forzosa, tal y como les ha autorizado la justicia.
«Teníamos que poner un límite a esta situación y se puso cuando se acabaron todas las vías administrativas. En este momento tenemos el auto judicial que nos permite desalojar y tenemos que ejecutarlo», ha subrayado.
Eso no quiere decir, ha puntualizado la regidora, que si alguno de los moradores de la antigua prisión se quieren poner en contacto con el Obispado para «encontrar una salida» no lo puedan hacer antes del desalojo.
«Mantenemos todos los canales abiertos para que se pueda dar apoyo, pero de ninguna manera podemos impedir no ejecutar el desalojo», ha insistido.
Aunque el Ayuntamiento ha reiterado en diversas ocasiones que la mayoría de las personas que residen en el inmueble se encuentran en situación administrativa irregular, y que por lo tanto no pueden acceder a la cartera de los servicios sociales municipales, Celeste ha vuelto a tenderles la mano.
«Siempre se les puede informar o derivar. Pero soluciones definitivas, como una vivienda, ya hemos dicho muchas veces que no. Pero se les puede dar una solución temporal», ha dicho.
LOS SIGUIENTES PASOS
La Junta de Gobierno, una vez obtenida la luz verde judicial, ha acordado «la ejecución forzosa mediante la compulsión directa sobre las personas» para finalizar el proceso de recuperación posesoria de la antigua prisión.
Este jueves está previsto que se celebre una Junta Local de Seguridad en la se debatirá cómo realizar el desalojo y las actuaciones y los tiempos previstos.
«No podemos decir la fecha, porque no la sabemos. Hemos pedido auxilio a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque tiene que ser una cosa conjunta. Lo avisaremos», ha afirmado la portavoz. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, aseguró que el desalojo se llevaría a cabo este mismo mes de junio.