También incrementará hasta los 21,7 millones de euros la partida de remanentes que se llevará próximamente a un pleno extraordinario
PALMA, 24 (EUROPA PRESS)
El Consell de Mallorca exigirá finalmente cinco años de residencial legal, y no tres como había previsto en un primer momento, para poder optar a las ayudas sociales del paquete para hacer frente a los efectos económicos derivados de la guerra en Irán.
De este modo, según han confirmado a Europa Press fuentes de la institución insular, se desbloquea la parte de la batería de ayudas que se había paralizado, que será aprobada próximamente en un pleno extraordinario para el que todavía no hay fecha definida.
La exigencia de un mínimo de cinco años de residencia legal solo afectará a los nueve millones de euros procedentes que se destinarán al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), que gestionará las ayudas de carácter social.
Esos nueve millones, a su vez, forman parte de un paquete de 221,7 millones de euros –inicialmente iban a ser 17,5, pero se aumentará la cuantía– procedentes de remanentes de tesorería que, tras su previsible aprobación al menos con los votos del PP y de Vox, se destinarán a paliar los efectos derivados del conflicto bélico en Oriente Medio.
PARA VOX ES «PRIORIDAD NACIONAL»
El grupo de Vox en el Consell de Mallorca, en un comunicado, ha celebrado haber sido capaz de «condicionar» el paquete de ayudas sociales elevando las exigencias para los potenciales beneficiarios.
«Es evidente que queremos ayudar a la gente a atravesar esta coyuntura, pero consideramos que debemos priorizar a los españoles. Por ello, hemos adoptado una medida pionera en el Consell de Mallorca, exigir que quienes reciban las ayudas tengan que acreditar 5 años de residencia legal en la isla. Nunca se había llegado tan lejos», ha dicho el vicepresidente insular Pedro Bestard.
A su parecer, esta medida viene ligada al concepto de «prioridad nacional» que los de Santiago Abascal han introducido en los pactos de investidura en comunidades como Extremadura y Aragón y que están tratando de llevar a otros territorios a través de mociones e iniciativas parlamentarias.
Bestard ha reconocido que cinco años de residencia legal es el límite máximo que permite la legislación vigente y ha considerado necesario conseguir la mayoría suficiente como para modificar las leyes nacionales que imponen estos condicionantes y «perjudican a los españoles».
«Más allá de esta exigencia, vamos a revisar todas las ayudas que otorga la institución para poner requisitos que nos ayuden a beneficiar a los españoles. Queremos establecer la prioridad nacional y el arraigo en todas las ayudas que sea posible», ha adelantado Bestard.
Las fuentes del Consell de Mallorca se han desmarcado de la idea de que este paquete de ayudas sociales tenga que ser «solo para españoles», como ha venido reivindicando Vox, y han recordado que eso contravendría la Constitución Española y las normas europeas.
Además, han comparado esta exigencia con otras implantadas o en vías de implantación por parte del Govern a la hora de acceder a la Renta Social Garantizada (Resoga), para la que se exigirá un mínimo de tres años de residencia, o a una vivienda de protección pública, que en muchos municipios se eleva hasta los cinco años o más.
UN TRÁMITE CON TRABAS
Fue durante una de sus intervenciones en el Debate de Política General del Consell de Mallorca, celebrado a finales de marzo, cuando el presidente insular, Llorenç Galmés, anunció un paquete de 84 millones de euros para hacer frente a los efectos de la escalada bélica.
Una semana después, un día antes de la sesión plenaria correspondiente a este mes de abril, el equipo de gobierno decidió retirar del orden del día la aprobación de este paquete de 17,5 millones –ahora superior– al entender que había cuestiones técnicas que eran mejorables.
La idea era subsanar estos aspectos técnicos para hacer que el acceso a las ayudas más ágil y aprobar esta modificación de crédito en un pleno extraordinario que previsiblemente se celebrará en los próximos días.
Aunque esta parte de las ayudas quedaron paralizadas a la espera de llevar a cabo las mencionadas modificaciones, que ahora han incluido el incremento de la exigencia de residencia legal para las ayudas sociales, el pleno aprobó el pasado 9 de 12,6 millones de remanentes que también se destinarán para hacer frente a las consecuencias de la guerra.
A ello se le suma la movilización de 53,5 millones de euros en obra pública que ya estaban previstos en las cuentas de este año. Con todo, el paquete de ayudas rozará los 88 millones de euros.