En concreto, el decreto ley establece una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual que venzan hasta el 31 de diciembre de 2027 por un máximo de dos años. Asimismo, recoge una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda.
Como todo decreto ley, el texto está en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), esto es el 20 de marzo. Sin embargo, la norma tiene que someterse a votación en el Congreso para su convalidación o derogación definitiva en un plazo de treinta días según lo establecido en la Constitución.
UN DÍA ANTES DEL LÍMITE DE PLAZO
Fuentes parlamentarias han confirmado que la Junta de Portavoces de este martes ha acordado esa votación para el 28 de abril, un día antes del plazo límite para que la Cámara Baja decida si el texto sigue o no en vigor.
De momento, el PP, Vox y Junts ya han expresado su posición en contra del decreto ley abanderado por Sumar. De hecho, la formación de Alberto Núñez Feijóo no ha accedido ni a sentarse a dialogar sobre el decreto.
Así las cosas, el socio minoritario lo fía todo a un apoyo de última hora de Junts, algo que desde la formación catalana siguen sin contemplar porque no están de acuerdo con la mayor parte del decreto.