Asimismo, el plan adelanta un año la entrada en vigor de la obligación de empresas y entidades públicas de mayor tamaño de tener un plan de movilidad sostenible al trabajo y amplía esta obligación a empresas privadas que se beneficien de las ayudas contempladas en el plan de respuesta a la crisis.
De esta forma, esta empresas tendrán que tener antes de finales de este año un plan de movilidad sostenible al trabajo si cuentan con más de 200 trabajadores o 100 por turno.
El objetivo de estos planes de movilidad sostenible al trabajo es el de fomentar el transporte público, la bicicleta, el coche compartido, el teletrabajo y la seguridad vial.
Los planes de movilidad al trabajo forman parte de la Ley de Movilidad Sostenible, en la que se establecía un plazo de 24 meses desde la entrada en vigor de la ley, que tuvo lugar en diciembre de 2025, para tener listo el plan de movilidad sostenible preparado. Ahora, este plazo se acorta un año.