En su acusación, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, el subdirector de la División de Contrainteligencia y Espionaje del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Roman Rozhavsky, y el subdirector a cargo de la Oficina de Campo del FBI en Nueva York, James C. Barnacle, sostienen que Yih-Shyan «Wally» Liaw, Ruei-Tsang «Steven» Chang y Ting-Wei «Willy» Sun conspiraron para desviar a China tecnología estadounidense de vanguardia.
Las autoridades estadounidenses han confirmado el arresto de Liaw, de 71 años y ciudadano de EEUU, quien además es cofundador y directivo de la empresa Supermicro, así como de Sun, de 44 años y nacionalidad taiwanesa, que trabajaba para esta compañía tecnológica en Taiwán, mientras que Chang, ciudadano taiwanés de 53 años, permanece prófugo.
A este respecto, Supermicro ha subrayado que no figura como acusada en el proceso y ha confirmado que «ha suspendido temporalmente a los dos empleados y ha rescindido su contrato con el contratista, con efecto inmediato», ya que la conducta de estas personas, según la acusación, contraviene las políticas y los controles de cumplimiento de la empresa.
«La empresa ha cooperado plenamente con la investigación del gobierno y seguirá haciéndolo. Supermicro no figura como acusada en la imputación», ha explicado la compañía, cuyas acciones se desplomaban más de un 26% en la negociación previa a la apertura de Wall Street.
En este sentido, Supermicro ha defendido su programa de cumplimiento y expresado su compromiso de cumplir plenamente con todas las leyes y regulaciones estadounidenses de control de exportaciones y reexportaciones.
«La investigación del FBI reveló que Liaw, Chang y Sun presuntamente conspiraron para vender servidores por valor de miles de millones de dólares, que integraban unidades de procesamiento gráfico sensibles y controladas, a compradores en China, en violación de las leyes estadounidenses de control de exportaciones», declaró el subdirector Roman Rozhavsky de la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI.
«Estos acusados presuntamente falsificaron documentos, simularon la existencia de equipos para superar los inventarios de auditoría y utilizaron una empresa intermediaria para ocultar su mala conducta y su verdadera lista de clientes», añadió el subdirector a cargo del FBI, James C. Barnacle.
Los acusados se enfrentan cada uno a un cargo de conspiración para violar la Ley de Reforma del Control de Exportaciones, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión; un cargo de conspiración para el contrabando de mercancías desde Estados Unidos, que puede conllevar una pena máxima de cinco años de cárcel; y un cargo de conspiración para defraudar a Estados Unidos conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.