En un comunicado, han criticado que el decreto sobre la guerra de Irán que el Gobierno aprobará, a diferencia de decretos anteriores, en principio no incluirá ni una medida de protección para las inquilinas ante el actual contexto de guerra y de una crisis de vivienda «sin precedentes».
Ante esta carencia, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha recordado que la vivienda es el principal gasto que tienen los hogares españoles, destinando más del 50% de los salarios al pago del alquiler, o alcanzado el 71% de los salarios de las familias en ciudades como Málaga, Barcelona o Madrid.
Además, ha avisado de que los conflictos bélicos como el actual en Irán acaban desencadenando una mayor tensión en los alquileres y la entrada de capitales extranjeros al sector inmobiliario español en busca de refugio para las inversiones, lo que supone una «tormenta perfecta» para acaparar inmuebles por parte de los ‘fondos buitre’ que buscan especular con la vivienda.
Por ello, ha exigido la congelación inmediata de los precios de los alquileres a través de la eliminación de las actualizaciones anuales, actualmente definidas por el Índice de Referencia de Alquileres de Vivienda (IRAV).
A su vez, ante el hecho de que este año vencen 600.000 contratos de alquiler que afectan a 1,6 millones de personas en todo el Estado y que pueden verse en la calle, ha demandado una prórroga obligatoria de los contratos de alquiler, tal como se hizo en el paquete de medidas para frenar la inflación durante la guerra de Ucrania.
Del mismo modo, ha urgido a recuperar la moratoria antidesahucios para evitar un pico de expulsiones sin precedentes de familias vulnerables que no tienen alternativa habitacional.
«Sería incomprensible no incorporar las medidas de limitar el precio de los alquileres o la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler, que sí se tomaron durante la guerra de Ucrania, no se activen de la misma manera en este conflicto», ha concluido.