Lo ha dicho este jueves en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en un diálogo con la presidenta del Cercle d’Economia, Teresa Garcia-Milà, en Barcelona, para debatir sobre migración tras la publicación de la nota de opinión publicada por la entidad, y en la que ha defendido que la política migratoria del Gobierno es «integral y transversal».
Garcia-Milà ha subrayado la aportación de la inmigración en el crecimiento económico de España de las últimas décadas, aunque ha admitido que la magnitud y rápidez de esas llegadas «también ha puesto de manifiesto algunas limitaciones importantes del modelo actual» de crecimiento, basado en baja productividad y alta intensidad en la mano de obra.
TRIPLE LEGITIMIDAD
Junto a la económica, la ministra de Inclusión ha defendido la triple legitimidad de la medida, que incluye también la política y la social, ya que «coge el testigo» de la iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas, incluidas las de la Iglesia Católica, y fue apoyada por una amplia mayoría parlamentaria.
El procedimiento de regulación, que Saiz ha confirmado se activará a principios de abril y estará abierto hasta el 30 de junio, «va a dar derechos y va a visibilizar a personas» que ya están en España.