La designación de Ritter, que se incorporó a la Fiscalía alemana en 1995 y es fiscal jefe adjunto europeo desde 2020, es el resultado de un acuerdo negociado entre el Consejo (gobiernos) y Parlamento Europeo. Tras la luz verde los 27, sólo queda la adopción del acuerdo por parte del pleno de la Eurocámara para formalizar el relevo.
Según recuerda el Consejo en un comunicado, la Fiscalía Europea es un organismo independiente de la UE encargado de investigar, perseguir y llevar a juicio a los responsables de delitos contra los intereses financieros de la Unión, como pueden ser casos de corrupción o fraudes al IVA superiores a los 10 millones de euros.
La EPPO cerró 2025 con 3.602 investigaciones activas, por un daño total estimado de más de 67.200 millones de euros para los presupuestos de la UE y nacionales.
Actualmente participan en la Fiscalía Europea 24 Estados miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia.