La posición adoptada por el Consejo (gobiernos) permitirá así destinar hasta 120 millones de euros al año a iniciativas orientadas a modernizar la producción y reducir emisiones en estos sectores, con una inversión total estimada en torno a 800 millones de euros durante el periodo ampliado.
La reforma –que aún tienen que negociar con el Parlamento Europeo– también cambia las condiciones de acceso a las ayudas y aumenta la financiación europea disponible, que podrá cubrir hasta el 70% de los costes para las empresas y hasta el 100% para pymes, ‘startups’ y universidades.
El acuerdo adoptado por los Estados miembro fija la posición del Consejo sobre la reforma del instrumento, que se articula en dos decisiones jurídicas: una regula el uso de los activos financieros heredados de la antigua Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) y la otra establece las normas técnicas y financieras que guiarán su funcionamiento en los próximos años.
El fondo se nutre de los intereses generados por esos activos de la antigua CECA, desaparecida en 2002, lo que le permite operar con una base jurídica propia y al margen del presupuesto plurianual de la Unión Europea.
La adopción definitiva del nuevo marco jurídico requerirá ahora el consentimiento del Parlamento Europeo en una de las decisiones y su consulta en la otra, antes de su aprobación formal y su entrada en vigor, prevista para enero de 2027.