Precisamente, respecto a la situación laboral de las mujeres, ambos sindicatos reconocen que hoy hay más empleo femenino y están afiliados a la Seguridad más mujeres (10,2 millones de mujeres), pero apuntan que todavía se detecta «segregación ocupacional y sectorial porque 9 de cada 10 mujeres trabajan en los servicios, una brecha que se agrava si se trata de mujeres migrantes». Asimismo, han insistido en «la falta de corresponsabilidad y de una red pública e integral de cuidados», que se manifiesta en la brecha salarial.
Otro de los temas que preocupa a los sindicatos es la violencia contra las mujeres, especialmente los casos de acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo, por lo que exigen a las empresas protocolos de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
En este sentido, han recordado que, según la Encuesta Europea de VG de 2022, el 28,4% de las mujeres que ha trabajado alguna vez ha sufrido acoso sexual en el trabajo en algún momento de su vida y un 4,6% en los últimos 12 meses.
Los sindicatos reconocen «los esfuerzos en normativa, en políticas y recursos públicos destinados a prevenir que estas violencias sucedan y a proteger de manera integral a las mujeres víctimas». Pero también han admitido que «a la vista está que, aunque imprescindibles, resultan insuficientes y hay margen para mejorar»
Ambos sindicatos, de cara a este 8 de marzo, se marcan como prioridades subir el SMI hasta situarlo en el 60% de la media salarial; reclamar que todas las políticas públicas tengan perspectiva de género; reforzar las políticas activas de empleo con perspectiva de género; exigir el cumplimiento de los planes de igualdad en los términos que obliga la legislación y activar el diálogo social para transponer las directivas pendientes, entre ellas, las de transparencia salarial y violencia contra las mujeres.
Otras de sus reivindicaciones pasan por reducir la jornada sin reducción salarial, hasta un máximo de 37,5 horas semanales; pedir una política integral de cuidados, con políticas efectivas de corresponsabilidad, y dignificar y revalorizar social y económicamente los trabajos de los sectores de cuidado; erradicar todas las formas y manifestaciones de violencia machista; garantizar el derecho efectivo al aborto y reclamar a las fuerzas parlamentarias garantías para «que no se retroceda en los derechos de las mujeres ni en avances en igualdad».