La propuesta de Podemos plantea que la SEPI se haga primero con un 25% de la compañía a fin de convertirse en el principal accionista. Posteriormente, antes del 29 de octubre de 2026, debería ampliarse ese porcentaje hasta el 51% de la totalidad de las acciones.
Sin embargo, el Gobierno se acogió a la potestad que tiene recogida en la Constitución para expresar su disconformidad y vetar propuestas legislativas que supongan una caída de los ingresos públicos o un aumento de los costes.
Con este panorama, Belarra ha anunciado que volverá a llevar la ley al Parlamento porque considera que tiene que haber una empresa pública de energía y la elegida ha sido Repsol porque, dice, es la compañía «más contaminante» del país al tener sólo un 1,28% de su producción renovable.