Según informó el regulador, el estudio se inicia tras recibir una solicitud de la Secretaría de Estado de Energía, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
De esta manera, el organismo presidido por Cani Fernández evaluará cómo ha funcionado la restricción y su impacto en la estructura y competencia del mercado minorista de carburantes durante estos años y si sigue siendo necesaria.
A través de la consulta pública, disponible hasta el 5 de marzo, la CNMC recabará las aportaciones de empresas, titulares de estaciones de servicio, consumidores y usuarios, asociaciones, administraciones públicas, expertos y cualquier persona u organización que quiera enviar información relevante.
Esta limitación, incluida en la Ley 8/2015, forma parte de varias reformas que se adoptaron para mejorar la competencia en la distribución de carburantes. Cuenta con una cláusula de revisión que permite al Gobierno revisar el porcentaje del 30% o levantar la prohibición «cuando la evolución del mercado y la estructura empresarial del sector lo aconsejen».