El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de endurecer las reglas para las redes sociales no solo ha abierto un debate social y político, sino también económico. Más allá de la protección de los menores y la lucha contra el odio digital, la batería de medidas planteadas apunta directamente al modelo de negocio de gigantes como Instagram, TikTok o X.
Durante su intervención en el World Governments Summit en Dubái, Sánchez presentó un plan con cinco ejes para limitar la impunidad en internet. La propuesta más llamativa es la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, obligando a las plataformas a implementar sistemas efectivos de verificación de edad. La medida, todavía en fase de tramitación parlamentaria, busca crear un entorno digital más seguro para los jóvenes, pero también podría tener un impacto directo en los ingresos de las compañías tecnológicas.
Impacto económico y publicitario en las Big Tech
Las redes sociales viven en gran parte de la publicidad segmentada, y el público adolescente es uno de los más codiciados por las marcas. A día de hoy, la mayor parte de los ingresos de redes como Instagram, TikTok o X procede de la publicidad digital: Meta, dueña de Instagram, generó unos 160.000 millones de dólares en ingresos publicitarios en 2024, de los cuales alrededor de 66.900 millones correspondieron solo a Instagram; TikTok se proyecta con unos 33.100 millones de dólares en publicidad para 2026; y X, aunque más modesta, espera ingresos publicitarios de 2.260 millones de dólares.
Solo en Estados Unidos, los menores de 18 años generan casi 11.000 millones de dólares en publicidad, con Instagram aportando unos 4.000 millones y TikTok unos 2.000 millones. Limitar el acceso de menores significa reducir audiencia, datos y tiempo de uso, tres pilares clave del negocio digital, lo que podría traducirse en un retroceso en decenas de miles de millones de dólares en ingresos proyectados y frenar el crecimiento en segmentos estratégicos de usuarios jóvenes.
Responsabilidad legal de directivos y control de algoritmos
El plan gubernamental va más allá de la edad mínima. Sánchez anunció además la intención de atribuir responsabilidad legal directa a los directivos de las plataformas si no retiran contenidos ilegales o de odio. Esto supone un giro relevante: la presión ya no recaería solo sobre la empresa, sino también sobre quienes toman las decisiones estratégicas. En paralelo, se estudia tipificar como delito la manipulación de algoritmos que favorezcan la difusión de desinformación o contenidos dañinos, un punto especialmente sensible para compañías cuyo corazón tecnológico es precisamente su sistema de recomendación.
Nuevas herramientas para medir el odio y la polarización
Otra de las propuestas es la creación de una herramienta pública para medir el odio y la polarización en redes sociales. La idea es cuantificar de forma objetiva cómo se amplifican ciertos discursos y utilizar esos datos como base para futuras sanciones económicas o regulatorias. En otras palabras, introducir métricas que conviertan el impacto social negativo en un factor tangible y, potencialmente, costoso para las plataformas.
Desde el punto de vista empresarial, el mensaje es claro: más regulación implica más costes operativos. Verificación de edad, moderación de contenidos, auditorías algorítmicas y posibles sanciones dibujan un escenario donde mantener la rentabilidad podría ser más complejo. Al mismo tiempo, estas medidas podrían favorecer a compañías con mayor capacidad tecnológica y financiera, ampliando la brecha frente a competidores más pequeños.
Sánchez reconoció que se trata de una batalla que supera las fronteras nacionales y anunció la creación de una coalición europea para coordinar políticas digitales más estrictas. El movimiento apunta a una tendencia creciente en Europa: exigir a las plataformas no solo innovación y crecimiento, sino también responsabilidad y transparencia.
La discusión ya no es únicamente si las redes deben regularse, sino cómo afectará esa regulación al equilibrio entre protección social y sostenibilidad económica. Lo que está en juego no es solo el uso que hacen los jóvenes de Instagram o TikTok, sino el propio diseño del ecosistema digital que domina la comunicación, la publicidad y buena parte de la economía de la atención.
