En 2025, las inversiones financieras de varios miembros del Congreso de Estados Unidos han vuelto a situarse en el centro del debate público. Seis legisladores declararon once operaciones bursátiles superiores al millón de dólares, con protagonismo de grandes valores tecnológicos como Nvidia, Microsoft, Broadcom o Alphabet, mientras gana fuerza un consenso político —transversal y bipartidista— para prohibir que los cargos electos negocien con acciones individuales.
Según un informe del grupo de vigilancia Common Cause, publicado en diciembre, los miembros del Congreso, junto con sus cónyuges y personas a su cargo, realizaron este año alrededor de 13.300 operaciones bursátiles, por un valor agregado estimado de 635.600 millones de dólares. Todas ellas son legales, pero alimentan una pregunta incómoda: ¿puede coexistir la actividad legislativa con una exposición tan directa a los mercados financieros?
Para este artículo, Forbes utilizó datos de Capitol Trades, tuvo en cuenta únicamente operaciones realizadas en mercados públicos y notificadas hasta el 23 de diciembre, y verificó cada transacción mediante las declaraciones oficiales presentadas ante el secretario de la Cámara y del Senado.
Las operaciones millonarias que marcaron el año
Entre los movimientos más relevantes figura la compra de acciones de Nvidia realizada por Cleo Fields, representante demócrata por Luisiana, el 26 de junio. Fields declaró una inversión de entre 1 y 5 millones de dólares, ampliando una exposición previa ya significativa al fabricante de chips. Desde la operación, el valor ha subido alrededor de un 22%. Fields, que regresó a la Cámara tras una larga trayectoria política y jurídica, no respondió a las solicitudes de comentarios.
En un registro distinto, Scott Franklin, representante republicano por Florida, protagonizó una de las pocas operaciones alejadas del sector tecnológico con la venta de acciones de Baldwin Insurance Group el 7 de febrero. Con más de veinte años de experiencia previa en seguros y gestión de riesgos, justificó la decisión como parte de una estrategia de diversificación, después de que el valor cayera cerca de un 42% tras la venta.
Uno de los casos más observados fue el de Josh Gottheimer, representante demócrata por Nueva Jersey, que el 14 de febrero realizó cinco operaciones millonarias vinculadas a Microsoft, incluyendo compras y ventas de opciones call y acciones. Exdirectivo de la compañía, Gottheimer aseguró, a través de su portavoz, que ha delegado completamente la gestión de sus inversiones en un tercero con plena discrecionalidad y que está a la espera de que el Congreso apruebe su fideicomiso ciego. Desde esas operaciones, Microsoft ha subido alrededor de un 20%.
El único senador de la lista es Dave McCormick, republicano por Pensilvania, que vendió acciones de Rumble y Goldman Sachs pocas semanas después de jurar el cargo. La salida de Rumble le permitió evitar una caída cercana al 40%, aunque habría obtenido mayores ganancias manteniendo su posición en Goldman Sachs, que se ha revalorizado cerca de un 47%. Su equipo subrayó que la declaración fue transparente y conforme a las normas del Senado.
Especial atención volvió a recaer sobre Nancy Pelosi, representante demócrata por California, tras la ejecución de 200 opciones call de Broadcom por parte de su esposo, Paul Pelosi. Las acciones se adquirieron a un precio de ejercicio muy inferior al de mercado y, desde entonces, el valor se ha revalorizado cerca de un 40%. Pelosi, que durante años se opuso a una prohibición, ha cambiado recientemente de postura y ha anunciado que se retirará en enero de 2027.
Por último, John Rose, representante republicano por Tennessee, vendió sus acciones de Alphabet el 3 de junio, perdiéndose una subida posterior de alrededor de un 88%. Empresario tecnológico de éxito antes de llegar al Congreso, Rose es actualmente candidato a gobernador de su estado.
El marco legal y sus límites
El marco normativo que regula estas operaciones es la ley STOCK, aprobada en 2012, que prohíbe a los legisladores utilizar información no pública derivada de sus cargos oficiales para beneficio personal. La norma obliga a declarar operaciones superiores a 1.000 dólares en un plazo de 45 días, aunque las cifras se comunican en rangos de valor, lo que dificulta un análisis detallado sin recurrir a plataformas externas.
El impulso para prohibirlas
El debate ha ganado fuerza en los últimos meses. En diciembre, 90 ex cargos electos del grupo ReFormers Caucus de Issue One instaron a la Cámara a aprobar la Restore Trust in Congress Act, que prohibiría a congresistas, cónyuges y dependientes poseer o negociar acciones individuales. El proyecto cuenta ya con 119 copatrocinadores. En paralelo, el Senado dio un paso adelante en julio con la HONEST Act.
Incluso figuras históricamente reticentes, como Pelosi, han expresado su apoyo a una prohibición. El equipo de McCormick también afirmó que el senador respalda limitar estas prácticas.
Las resistencias internas
No todos los legisladores comparten ese enfoque. El salario anual del Congreso, 174.000 dólares, permanece congelado desde 2009, y muchos miembros mantienen dos residencias. Franklin advirtió de que la Restore Trust in Congress Act obligaría a vender determinadas acciones en un plazo de 90 días, lo que podría generar importantes cargas fiscales o incluso forzar dimisiones anticipadas.
«¿De verdad la intención es obligar a personas honestas a abandonar el Congreso o impedir que otros se presenten?», se preguntó.
Un sistema con sanciones mínimas
La falta de consecuencias reales también alimenta las críticas. En 2021, 78 congresistas, el 14%, presentaron sus declaraciones fuera de plazo. La sanción habitual es una multa de 200 dólares, incluso con retrasos superiores a 30 días.
Qué vigilar a partir de ahora
El público no tendrá una imagen completa de las operaciones bursátiles de 2025 hasta mediados de febrero de 2026, cuando expire el plazo legal de declaración. Las declaraciones financieras anuales deberán presentarse antes del 15 de mayo de 2026, aunque son frecuentes las prórrogas hasta agosto.
Un reciente documento del National Bureau of Economic Research añade más presión al debate: concluye que los legisladores que ascienden a puestos de liderazgo obtienen rendimientos similares a sus pares antes del ascenso, pero los superan en 47 puntos porcentuales anuales después, especialmente cuando su partido controla la cámara y las operaciones están vinculadas a acciones regulatorias o contratos públicos.
