El Gobierno pretende que estos principios se extiendan por todas las ramas de la Administración estatal, además de coordinarlas con las comunidades autónomas y ayuntamientos, evaluar los avances alcanzados y fomentar la participación ciudadana y la protección del espacio cívico.
Tal y como se indica en el comunicado del Ministerio, España mantiene desde hace años una colaboración estrecha con la OCDE en el ámbito del gobierno abierto y ha participado activamente en la elaboración de la Recomendación de Gobierno Abierto de 2017, además de desarrollar proyectos específicos en Vizcaya y en conjunto del País Vasco.
Además, también destaca su pertenecer desde 2011 a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), un organismo internacional que agrupa a 74 países y 150 gobiernos locales para promover instituciones más transparentes y responsables.