En este caso, se trata de una reclamación por sobrecostes laborales, por los que el consorcio pedía un total de 45 millones de dólares (unos 41,34 millones de euros), de los que la Dispute Adjudication Board, la junta de resolución de conflictos en contratos, le ha reconocido el derecho a cobrar 22,6 millones, el 54% del total reclamado.
En virtud de esta reclamación, Sacyr y su consorcio solicitaban que se les reconociera el aumento de los costes laborales derivados del mayor número de días de trabajo que provocaron los fallos detectados en el concreto y el basalto, y varias jornadas de huelga.
Por contra, la DAB ha rechazado otra de las reclamaciones del grupo también relacionada con costes laborales, en este caso por importe de 7,5 millones de dólares (6,9 millones de euros). Se trata de los sobrecostes derivados de un acuerdo de negociación colectiva en el país.
La resolución de estas reclamaciones tiene lugar en tanto la obra está en su recta final, dado que presenta un grado de ejecución del 96% y ya está desde hace varios meses en pruebas. El objetivo del Gobierno de Panamá es inaugurarla el próximo mes de mayo.