«La mayoría de los empresarios ya habían planificado sus recursos y organizado la adaptación de sus sistemas confiando en los plazos inicialmente establecidos, por lo que un cambio tan tardío complica su organización interna y genera dudas sobre la estabilidad del marco normativo», han alertado.
Aunque reconocen que la ampliación del plazo puede ofrecer un respiro para aquellas empresas que aún estaban en fase de adaptación para que puedan completar la implementación Verifactu, ambos han avisado de que, para la gran mayoría del tejido empresarial, esta prórroga supone «reprogramar tareas, revisar inversiones tecnológicas y asumir costes adicionales derivados de ajustes de última hora».
Estos cambios, según los máximos responsables del CGE y del REAF, «afectan especialmente a los negocios con menos capacidad administrativa y menor margen para absorber imprevistos».
En este contexto, han puesto de manifiesto que es imprescindible que los plazos de entrada en vigor de las normas no se modifiquen a última hora y que estas se mantengan estables en el tiempo para permitir a las empresas y empresarios planificar con seguridad y adaptar sus procesos sin incertidumbres.