Ha alcanzado en pocos años el estatus de referente en el sector. Juango Ospina lo ha conseguido gracias a su implicación personal y resiliencia profesional. Su liderazgo en el área penal es fruto de la investigación profunda de cada caso. Destaca por su forma de enfrentar el engranaje multidisciplinar cuando entran en juego áreas legales opuestas o las carencias de una regulación, sin actualizar.
Ospina afronta los riesgos del desconocimiento tecnológico o la dispersión internacional que solo se solucionan con la “estrecha colaboración entre abogados de otros países”. Muestra en su ejercicio una combinación única de implicación personal y resiliencia profesional que le han llevado a conseguir varios reconocimientos procedentes de entidades internacionales, directorios jurídicos, instituciones privadas y organismos.
Actualmente, está centrado en los nuevos delitos online y mantiene una clara advertencia frente al legislador. Conviene que la Ley de Enjuiciamiento Criminal quede adaptada a la digitalización para así conseguir agilidad. “Deberíamos contar con unos fiscales de distrito en unidades especializadas de policía judicial”, afirma.
En su opinión, la LeCrim debería facilitar una “duración menor” para los procedimientos teniendo en cuenta como la evolución del día a día de millones de usuarios de la red y las nuevas plataformas de compra y venta. Debería ser posible que “en 24 horas se bloquee una cuenta bancaria o que la policía conozca en minutos el origen de una operación por servicios de pago gratuito como Bizum”.
La Ciberdelincuencia y la delincuencia online es lo que prima actualmente, según Juango Ospina. “No hay tirones de bolso porque es más fácil robar millones de euros en minutos y con un clic”. El despacho cuenta con una gran repercusión en redes sociales y eso les permite dar cobertura a los influencers. El abogado alerta de la proliferación de negocios muy asequibles para personas de entre 25 y 40 años y del auge significativo de los delitos fiscales en la red. ¿El motivo? Marcas, alto nivel de vida y un físico característico llaman la atención del público, especialmente los más jóvenes.
Los influencers corren el riesgo de cometer delitos a veces por desconocimiento, a veces por un pésimo asesoramiento. Como ejemplo puede valer el caso de un joven con residencia en Barcelona, gustos caros y una investigación por delito fiscal por impago del IRPF por parte de la Agencia Tributaria. La intervención de Ospina Abogados fue determinante para que el cliente evitara un proceso penal.
No menos importante es el tema de las estafas. Por ejemplo, las ganancias desorbitantes a través de fondos de inversión en criptomonedas sin que exista ningún tipo de plataforma, hasta otro tipo de estafa con moneda virtual que hace perder ganancias al usuario desprevenido.
Además, es posible que los influencers puedan verse involucrados en casos en los que se defrauda el IVA por compraventa de vehículos de alta gama a través de operadores intracomunitarios. El fraude se inicia en Alemania y el objetivo es introducir vehículos mediante empresas que reciben la denominación de missing trader. Los vehículos son vendidos a un precio de mercado inferior y el incumplimiento de la obligación del ingreso del IVA puede llevar a deudas tributarias de millones de euros. Los influencers son gente joven que quieren una capacidad económica y que, sin saberlo o deseando defraudar, cometen este tipo de irregularidades manejados por gestores o asesores fiscales que no son honestos. Por eso acaban recurriendo a los servicios de un abogado penalista. Para Ospina el éxito del despacho es “la asesoría preventiva” que favorece que el cliente no cometa el delito y deba, posteriormente, defenderse por cuestiones de tipo penal.
El enfoque es la defensa de estos casos desde el derecho penal tradicional. No tanto desde la perspectiva económica del fraude, sino de “la voluntad o no, de defraudar”. Esta forma de trabajar, de plantear cada caso poniendo el foco en la hiper-especialización despierta el interés de otros colegas de España y fuera de España. Para poder responder a esa demanda Ospina Abogados acaba de poner en marcha el Instituto Superior de Estudios Penales (ISEP). El Programa de Derecho Penal Económico ha inaugurado el plan de formación que cuenta con académicos y perfiles profesionales muy reconocidos. El derecho penal económico es el que afecta al patrimonio, al bolsillo de cada ciudadano y aquí radica la importancia de la especialización del programa. Además del centro de formación acaban de fortalecer el área con la incorporación del experto Juan Antonio García Jabaloy, quien llevará todos los procesos en el ámbito de la Fiscalía Europea.
Ospina Abogados es reconocido por su trabajo internacional facilitando las sinergias. En opinión del abogado penalista “deberían revisarse los mecanismos de cooperación para que la Audiencia Nacional tenga mayor criterio y rigor a la hora de decidir si una persona se va o no a un país extranjero a cumplir un procedimiento penal con garantías. El legislador en España debía de parar las entregas a Rusia y a países como Venezuela, Brasil, Colombia o Irán, entre otros, donde no se garantizan los derechos fundamentales”.
