Durante la intervención de ayer, Muro explicó cómo las medidas impulsadas por la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona anulan licencias previamente concedidas, vulneran derechos adquiridos y benefician de forma exclusiva al sector hotelero, con el respaldo político de Pere Aragonès y Jaume Collboni.
Bajo esta postura, la patronal Fevitur ha subrayado en un comunicado que el caso catalán trasciende el ámbito local y constituye una cuestión europea de seguridad jurídica, libre competencia y libertad empresarial.
En palabras de su presidenta, Silvia Blasco, lo que se discute en Bruselas afecta directamente a la predictibilidad regulatoria, a la igualdad de trato entre tipologías de alojamiento y al respeto a los derechos adquiridos, que son «pilares esenciales para el funcionamiento del mercado interior».
Así, Fevitur insta a las instituciones europeas a evaluar la proporcionalidad y legalidad de las medidas adoptadas en Cataluña y a garantizar un marco «justo, transparente y equilibrado» para todas las modalidades de alojamiento, al mismo tiempo que reitera su disposición para colaborar en esta materia.