Cuando embarco en un avión, saludo a la tripulación y echo un vistazo a la cabina. Si la puerta está abierta, veo a los pilotos preparando el vuelo. ¿Es su primer salto del día? ¿El último? Confío —por eso vuelo— en que están descansados, con buenas condiciones y llevarán el avión a destino con profesionalidad.
Esa confianza ciega no me pasa solo con los aviadores. Al subir a un bus, taxi o tranvía, no pienso en peligros, como tampoco espero que en un restaurante me sirvan comida en mal estado, que en un hospital el equipo sanitario no sea diligente o que un policía me detenga sin razón para pedirme una mordida. Volviendo a la aviación, como pasajeros nos fiamos del engranaje del transporte aéreo, un sistema donde los controladores aéreos tienen un peso crucial. Dirigen nuestros vuelos desde centros de control y torres de aeropuertos.
Todos los centros los gestiona Enaire, pero no todas las torres: en España, algunas son públicas y otras de operadores privados. Y aquí la confianza en el sistema nos hace pensar que todo es igual… y no es así. Esa confianza se tambalea cuando empresas privadas gestionan un servicio tan crítico, poniendo en riesgo lo que millones de pasajeros damos por seguro.
Así como me parece fantástico que Aena se defienda sin ambages de las mentiras de Ryanair —una aerolínea que, con su doble R de macarra, amenaza cíclicamente con recortes para presionar por subsidios—, también defiendo que el control aéreo, que está batiendo récords, no sea un negocio privado. Nos jugamos mucho: la seguridad de millones de pasajeros, la conectividad de regiones enteras y la dignidad de profesionales con una responsabilidad inmensa.
El coste de la privatización
No se puede jugar con la vida y el trabajo de los controladores aéreos. Su labor, compleja y vital, requiere profesionales cuidados, respetados y pagados en consonancia. La privatización de torres comenzó en 2010, tras el conflicto que llevó al primer estado de alarma. Bajo el gobierno de Zapatero, la Ley 9/2010 permitió que empresas privadas gestionaran el control de torre (despegues, aterrizajes, movimientos en pista) en aeropuertos no principales, dejando a Enaire las fases de ruta y aproximación.
En 2011, Aena adjudicó 13 torres a Saerco (como Lanzarote, Fuerteventura o La Palma) y a FerroNATS, ahora Skyway (Alicante, Valencia o Ibiza). Hoy, unas 14-16 torres privatizadas (28,5% del tráfico aéreo) gestionan Vigo, Jerez, Sevilla, A Coruña y varios canarios, con contratos de 102 millones de euros hasta 2027.Lo que prometía competencia ha derivado en problemas. Saerco, fundada por Ildefonso de Miguel (implicado en el larguísimo Caso Lezo por blanqueo), ganó contratos con “bajas temerarias” —ofertas tan bajas que no cubren costes—, llevando a recortes drásticos.
Sus controladores cobran 45.000 euros anuales frente a los 200.000 de Enaire, con turnos largos, menos descansos y tareas administrativas que distraen. Esto sume a los controladores en una espiral de fatiga, estrés y un “ambiente tóxico”, como me han contado profesionales y denuncian USCA y CCOO.
El resultado: huelgas y retrasos
La huelga de Saerco (enero 2023-abril 2024) afectó a 16 aeropuertos, con Lanzarote como el peor de Europa en puntualidad (20 minutos de media por vuelo, según Eurocontrol). En abril de 2024, un laudo arbitral fue impugnado por Saerco, que admitió que cumplirlo la llevaría a la quiebra.
En 2025, el conflicto resurge: USCA y CCOO piden intervención estatal por “degradación operativa” y amenazan con paros en verano. En los cuatro primeros meses de 2025, Enaire gestionó 504.385 vuelos, aunque las torres privatizadas acumularon retrasos notables. Incidentes como problemas de coordinación en la plataforma en Ibiza o despidos por priorizar seguridad en Canarias (no extender jornadas laborales) alertan de estos riesgos.
El Gobierno de Canarias ha pedido revertir las privatizaciones por dañar el turismo (100 millones de visitantes previstos en 2025). En 2024, el Congreso frenó nuevas liberalizaciones (Málaga, Palma) y eliminó el AFIS (una labor de información en lugar de control efectivo) en El Hierro por seguridad. Sin embargo, el problema persiste: Saerco opera con plantillas al límite y bajas por ansiedad. La CNMC avala la “eficiencia”, pero USCA alerta que se prioriza beneficios sobre vidas.
No todo vale en nombre de la competencia. Así como Aena resiste a Ryanair, creo que el Estado debe recuperar el control aéreo público. En España, con récords de tráfico, no se debería permitir que ciertas empresas puedan poner en jaque el sistema. En Londres-Gatwick, por ejemplo, han tomado nota y reforzado la plantilla de su torre con mejores condiciones.
Los controladores merecen condiciones dignas, salarios justos y un entorno sin fatiga. Solo así, nuestra confianza al subir al avión será 100% real, no ciega. Mientras España bate récords de vuelos, el cielo, cada vez más frecuentado no es un mero negocio; es un bien común que debemos proteger.
