Estados Unidos tiene previsto aplicar un requisito de fianza de hasta 15.000 dólares para los visados de visitante a determinados ciudadanos de países con altas tasas de estancias prolongadas, con el objetivo de garantizar su salida tras visitas de negocios o turísticas de corta duración a Estados Unidos. Esta medida, según un aviso reciente publicado en el Registro Federal, representa el último enfoque de Estados Unidos para abordar el creciente problema de la población inmigrante no autorizada y la estrategia de la Administración Trump para equilibrar la disuasión con el debido proceso en la política de inmigración estadounidense.
La nueva política: garantía en efectivo a cambio de la promesa de abandonar el país
Según el aviso publicado en el Registro Federal, la nueva norma sobre fianzas se aplicaría a los solicitantes de países considerados con una «alta tasa de permanencia ilegal» o «deficiencias en la seguridad de los documentos internos», lo que podría obligarles a depositar 5.000, 10.000 o 15.000 dólares, dependiendo del país y las circunstancias, antes de que se les expida un visado de turismo o negocios de las categorías B-1 o B-2.
La medida tiene por objeto disuadir a los posibles infractores, un grupo demográfico que se ha convertido silenciosamente en un componente central de la población inmigrante no autorizada de Estados Unidos. A diferencia de los que cruzan la frontera, estas personas llegan legalmente, a menudo por vía aérea, y permanecen en el país después de que expira su visado.
Las estancias prolongadas impulsan ahora la inmigración indocumentada
Aunque las imágenes de migrantes cruzando la frontera entre Estados Unidos y México dominan las noticias, las estancias prolongadas han superado a los cruces ilegales de la frontera como principal método de entrada indocumentada. Según el Pew Research Center, en 2017, casi dos tercios de los inmigrantes no autorizados recién llegados procedían de países fuera de México y Centroamérica, donde son más comunes las estancias prolongadas que los cruces fronterizos. En ese año, hubo más de 30 estancias prolongadas por cada detención en la frontera entre ciudadanos de países fuera de México y Centroamérica. Este sutil cambio demuestra por qué los responsables políticos se centran ahora en los mecanismos de control de visados, incluidas las medidas disuasorias financieras, como las fianzas.
¿Quiénes son los que se quedan más tiempo del permitido y qué hacen?
La mayoría de los que se quedan más tiempo del permitido no son delincuentes típicos. A menudo trabajan, forman familias y pagan impuestos, incluso sin tener estatus legal. Los datos de Pew muestran que una mayoría cada vez más amplia de estos inmigrantes ha vivido en Estados Unidos durante más de diez años, integrándose en el tejido económico y social de la vida estadounidense. En 2017, más del 65% de los inmigrantes no autorizados llevaba una década o más en Estados Unidos; en el caso de los inmigrantes nacidos en México, esa cifra aumentaba hasta más del 80%.
Muchas de estas personas entraron con visados válidos, como los de turismo, estudios o negocios, y posteriormente decidieron no marcharse. Ya sea por motivos económicos, por miedo a la persecución o por compromisos familiares, pasan a formar parte de una población indocumentada que vive en la incertidumbre jurídica y se enfrenta a consecuencias complejas y, a menudo, punitivas.
Consecuencias de la estancia prolongada: las sanciones ocultas
La ley de inmigración de los Estados Unidos aplica un régimen estricto a quienes se quedan más tiempo del autorizado. Entre ellas se incluyen:
- Cancelación automática del visado. Incluso un día de estancia prolongada cancela el visado y activa la «prohibición de búsqueda consular», lo que obliga a que las futuras solicitudes se realicen desde el país de nacionalidad del solicitante, y no desde países vecinos como Canadá o México.
Prohibición de reingreso. Permanecer más de 180 días y menos de un año puede dar lugar a una prohibición de tres años; una estancia de más de un año conlleva una prohibición de 10 años para volver a entrar legalmente en los Estados Unidos.
Pérdida de la elegibilidad para el ajuste de estatus. Salvo contadas excepciones, las personas que se quedan más tiempo del permitido no pueden ajustar su estatus para obtener la tarjeta de residencia en los Estados Unidos, a menos que sean familiares directos de ciudadanos estadounidenses.
No hay reembolso de las tasas de integridad del visado. La tasa de 250 dólares establecida en 2025 no es reembolsable, a menos que el visitante salga a tiempo u obtenga un estatus legal.
Estas sanciones pueden ser severas y a menudo se malinterpretan, sobre todo porque muchos viajeros confunden la fecha de caducidad de su visado con la estancia real permitida que figura en el registro I-94 de la CBP.
¿Funcionará el requisito de la fianza para el visado de visitante?
Si bien el programa de fianzas para visados puede reducir las estancias prolongadas al ejercer presión financiera, los críticos advierten de consecuencias no deseadas.
En primer lugar, 15.000 dólares es una cantidad inasequible para muchos viajeros, especialmente los procedentes del Sur Global. Este requisito podría establecer un sistema de movilidad de dos niveles: uno para los ricos y otro para el resto. En el pasado se descartaron propuestas similares debido a la preocupación por la complejidad administrativa y la percepción de injusticia.
En segundo lugar, la fianza no aborda las causas fundamentales de las estancias prolongadas. Muchas personas permanecen fuera por necesidad, no por desobediencia deliberada, sino por cambios repentinos en sus circunstancias personales o políticas, como conflictos armados, colapso económico o emergencias familiares. Otras se quedan para cuidar de familiares, incluidos hijos o parientes con ciudadanía estadounidense.
En tercer lugar, las estancias prolongadas rara vez se sancionan con la detención o la deportación. La agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) tiene recursos limitados y se concentra principalmente en la expulsión de delincuentes. La mayoría de las personas que se quedan más tiempo del permitido permanecen en los Estados Unidos sin ser detectadas, a menos que entren en contacto con las fuerzas del orden.
Países exentos de visado
Cabe destacar que los ciudadanos de más de 40 países, en su mayoría europeos, se benefician del Programa de Exención de Visado, que les permite viajar hasta 90 días sin visado. Lo mismo se aplica a los canadienses. Ninguno de estos viajeros se verá afectado por la nueva norma y no tendrán que depositar una fianza. Esta aplicación selectiva de las normas puede plantear dudas sobre la equidad y los derechos humanos, especialmente si los países afectados son principalmente del Sur Global. Exigir fianzas a los nigerianos o pakistaníes, mientras se exime a los alemanes y australianos, corre el riesgo de reforzar la percepción de discriminación.
¿Una solución en busca de un problema?
A pesar de la retórica que rodea al control de fronteras, el número total de inmigrantes no autorizados ha disminuido desde su máximo en 2007. En 2017, la cifra era de alrededor de 10,5 millones, frente a los 12,2 millones anteriores. Además, muchas personas que se quedan más tiempo del permitido acaban regularizando su situación mediante el asilo, el matrimonio con un ciudadano canadiense o un ajuste basado en el empleo, especialmente en los casos en los que no ha habido fraude.
¿Y ahora qué?
Si el objetivo del Gobierno de los Estados Unidos es reducir las estancias ilegales, hay otras alternativas que podrían emplearse. Un enfoque más eficaz podría consistir en:
- Mejorar el seguimiento de las salidas. Invertir en sistemas biométricos de salida para controlar las salidas con mayor precisión.
Una adjudicación más justa. Garantizar que los funcionarios consulares apliquen las normas de manera coherente y transparente.
Educación sobre visados. Asegurarse de que los viajeros comprendan el I-94 y los límites reales de su estancia.
El requisito de una fianza de hasta 15.000 dólares para visitar Disneylandia o asistir a una conferencia podría disuadir a quienes se quedan más tiempo del permitido, pero también podría excluir a visitantes honestos, reducir el turismo y aumentar la percepción de hostilidad estadounidense en el extranjero. Al intentar solucionar un problema, Estados Unidos podría estar creando varios más.
