Apple no pagará a Irlanda los 13.000 millones de euros en impuestos que le exigía la Comisión Europea, según ha dictaminado este miércoles el Tribunal General de la UE (TUE).
En concreto, el TUE ha anulado la decisión de la Comisión Europea que exigía a la multinacional estadounidense la devolución de 13.000 millones de euros más intereses a Irlanda por haberse beneficiado de ayudas fiscales ilegales.
En este sentido, la Comisión Europea había calificado este tratamiento fiscal como una ayuda de Estado que afectaba a las condiciones de competencia con otras marcas, por lo que pidió a Apple que pagase esa suma al Gobierno irlandés. Sin embargo, la tecnológica y las autoridades irlandesas recurrieron ante el tribunal de Luxemburgo aquella decisión.
Ha sido este mismo miércoles cuando los jueces han considerado que la decisión del ejecutivo comunitario debe ser anulada porque la Comisión no ha probado que la reglamentación irlandesa tuviera como objeto otorgar una ventaja a Apple.
Irlanda celebra la decisión
El Departamento de Finanzas del Gobierno de Irlanda, liderado por Paschal Donohoe, nuevo presidente del Eurogrupo, ha celebrado el veredicto del TUE.
“Damos la bienvenida a la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que anula la decisión de la Comisión Europea que alegaba que Irlanda proporcionó ayuda estatal a Apple“, ha señalado en un breve comunicado el Departamento de Finanzas de Irlanda, recordando que el país apeló la decisión de la Comisión sobre la base de que no concedió ninguna ayuda estatal “y la decisión de hoy del Tribunal respalda esa opinión”.
“Irlanda siempre ha tenido claro que no se dio un tratamiento especial a las empresas de Apple (ASI y AOE) y que se cobró la cantidad correcta de impuestos de acuerdo con las normas impositivas irlandesas“, añade.
Tanto Dublín como la multinacional tecnológica habían recurrido la decisión de Bruselas de hace casi cuatro años ante el tribunal de Luxemburgo. En cualquier caso, las partes implicadas disponen de un plazo de dos meses y diez días para presentar un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE, la instancia superior.
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