El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) es una de las instituciones estadounidenses mejor valoradas del mundo, en segundo lugar y solo superada por la Universidad de Princeton, según un estudio de LCR Capital Partners. Quizá por eso ha sorprendido su decisión de eliminar los gastos de matrícula para el próximo curso y para todos los estudiantes universitarios cuyas familias ganan menos de 200.000 dólares anuales (unos 192.000 euros).
Esta democrática medida concuerda con la tendencia, cada vez más creciente, en EEUU con la que varias universidades están implementando programas para reducir sus tasas de matrícula y poder favorecer especialmente el acceso a los miembros de familias de ingresos bajos. Según coinciden los expertos, el énfasis actual en la reducción de costes (incluyendo también gastos derivados de manutención u alojamiento) refleja bien tanto, por un lado, el aumento del precio en educación de calidad, como las crecientes desigualdades en su acceso.
Así, las últimas iniciativas gubernamentales y privadas para fomentar la equidad en los estudios superiores incluyen también las tradicionalmente llamadas instituciones de élite. A saber, hasta la fecha un total cinco universidades (donde la media de gastos puede elevarse hasta 90.000 dólares) han apostado por tomar la iniciativa al respecto, incluyendo Hardvard o NYU.
A la cabeza, Purdue University (en Indiana) optó por implementa un innovador programa conocido como Income Share Agreements (ISA, por sus siglas en inglés) mediante el cual los estudiantes no pagan matrícula inicial, sino que reembolsan un porcentaje de sus ingresos tras graduarse. Con el objetivo final de facilitar la accesibilidad y reducir la deuda más inmediata de sus estudiantes, este modelo también facilita preservar los ingresos futuros de sus licenciados y diplomados.
La Universidad de California (UC) comenzó a implemenar su programa de asistencia financiera hace dos años, mientras que Harvard University (también en Massachussets, como el MIT) ofrece generosas becas y exime de matrícula a las familias con unos ingresos que no sobrepasen los 85,000 al año. En el caso de la facultad de medicina de la New York University (NYU), la deuda estudiantil en el sector médico se quiere reducir mediante la eliminación de la tasa de matrícula a todos sus estudiantes y su financiación a través de donaciones y fondos universitarios.
Algunos otros, como Berea College (en Kentuky) o College of the Ozarks (una institución más pequeña en el estado de Missouri) también han probado a instaurar medidas como sistemas de horas de trabajo semanales en tareas universitarias, como sustitución a la tasa de matrícula completa y reduciendo los gastos a la manutención por comida y/o alojamiento. Más especificamente en el tradicionalmente competitivo (y ocasiones snob) sector de las artes, el conservatorio Curtis Institute of Music (en Filadelfia) fue el primero en conceder becas a todos sus estudiantes admitidos cubriendo el 100% de los costes de matrícula.
En el caso de Arizona State University (ASU) la reducción de estos costes ha sido posible gracias a alianzas con diferentes organizaciones para costear becas y financiar la reducción de gastos internos, junto a medidas como promover la educación en línea para facilitar los costes de transporte y/o alojamiento a miles de estudiantes. Además, muchas dee estas universidades están reduciendo barreras mediante la aplicación del programa Common App, que permite que estudiantes de bajos ingresos soliciten plaza en más de 100 universidades participantes sin coste alguno y con ofertas de admisión directamente basadas en información proporcionada ad hoc.
El movimiento hacia la reducción de costos universitarios para estudiantes de ingresos bajos no es nuevo, pero ha ganado fuerza en las últimas décadas y se intensificó especialmente a partir de la crisis económica de 2008. La pasada década, en concreto, surgieron los llamados programas de «matrícula gratuita» en estados como Nueva York y Tennessee, traspasando la barrera de las universidades ‘estatales’.
Por primera vez, algunas familias estadounidenses no solo veían sus oportunidades crecer, independientemente de sus ingresos anuales, sino que el país registró un ligero alivio de la desorbitada deuda estudiantil. Los últimos datos indican que esta carga aun afecta a más 43 millones de personas en EEEU, escalando los datos globales monetarios a 1,7 billones de dólares, aproximadamente.
El último mandato demócrata del gobierno de la administración de Joe Biden tomó medidas significativas para reducir la deuda estudiantil además de su cancelación total (aproximadamente unos 277.000 prestatarios, según datos oficiales mediante el programa SAVE), incluyendo poner el foco en prestatarios vulnerables (desde 2021 y beneficiando especialmente a personas con dificultados financieras en riesgo o ingresos muy bajos, así como funcionarios y empleados públicos) o un nuevo enfoque regulatorio. Este último ha logrado, mediante el Departamento de Educación, renovar los programas existentes a base de eliminar intereses acumulados y la simplificación de los candidatos susceptibles de ser elegidos.
No obstante, la Corte Suprema ha bloqueado algunos intentos de más largo recorrido para intentar contener esta deuda, lo que ha obligado al gobierno a buscar alternativas más específicas y graduales. De hecho, la postura del nuevo presidente electo Donald Trump contrasta con la de la administración Biden, que seguramente revocaría las últimas acciones efectuadas al respecto. Alegando priorizar «reformas estructurales» en lugar de medidas directas, el republicano ha argumentado (durante su campaña electoral) que estas acciones para paliar la deuda nacional estudiantil son «injustas para los contribuyentes y penalizan a quienes ya han pagado sus deudas o no asistieron a la universidad».
