El pleno del Parlament ha aprobado este martes por unanimidad la toma en consideración de la proposición de ley de Més per Menorca para combatir las fiestas y las molestias en las viviendas que se ofrecen como alquiler turístico.
La propuesta legal, que introduce cambios en la Ley de actividades, propone sanciones de 15.000 a 30.000 euros para las celebraciones, fiestas de cualquier tipo o comportamientos entre las 23.00 y las 08.00 horas que impidan el descanso de los vecinos en los inmuebles que se comercializan como vacacionales.
Se abre también la puerta a retirar las licencias en las viviendas que incurran en los incumplimientos.
El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha explicado que la propuesta legislativa quiere ir más allá de la persecución de las fiestas ilegales que se promueven con ánimo de lucro, para perseguir también «el fenómeno más cercano y cotidiano» de las molestias que tienen lugar en los alquileres vacacionales.
El menorquinista ha admitido la difícil persecución administrativa que tienen estas infracciones y se ha mostrado abierto a recibir las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios. Castells ha invitado a los partidos, igualmente, a pedir asesoramiento a agentes implicados, como policías locales, durante la tramitación.
Castells ha agradecido el apoyo unánime que ha cosechado la propuesta y ha admitido que el objetivo es «desincentivar la llegada de ciertos turistas».
La diputada de Vox María José Verdú ha alertado del riesgo de caer en la desproporcionalidad de las sanciones respecto de los propietarios de las viviendas, que a menudo desconocen si se celebran fiestas u otras actividades en las viviendas que alquilan.
Sobre este asunto, sin embargo, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha defendido que la propiedad de la vivienda sí que tiene responsabilidad sobre lo que sucede en el inmueble porque obtiene un beneficio económico. «Las responsabilidades no pueden desvanecerse cuando el turista regresa a su lugar de origen», ha señalado.
Apesteguia ha instado a combatir la visión del turismo «como un no lugar donde no actúan las normas». El ecosoberanista ha celebrado que la modificación legal pone el foco en los residentes y en «los buenos turistas».
El diputado del PSIB Álex Pitaluga ha defendido la necesidad de avanzar en la buena relación entre residentes y turistas. «Queremos turismo, pero no cualquier turismo», ha afirmado.
La diputada del PP Salomé Cabrera ha señalado que la imagen del destino que transmite el turismo descontrolado no es el modelo de turismo sostenible y responsable que se quiere promover.
Durante el debate, PP y PSIB han cruzado acusaciones sobre las responsabilidades del crecimiento de las plazas turísticas y de la expansión de las viviendas de alquiler vacacional.