El Consejo General de Economistas ha recomendado que se cree un marco normativo a nivel estatal para la fiscalidad ambiental para conseguir una mayor eficiencia de la gestión de este tipo de impuestos, con independencia de que después la gestión y la recaudación de estos tributos pudiese ser manejada por las comunidades autónomas, de tal manera que sea el Estado el que recaude los impuestos, aunque luego los transfiera a las CCAA.
Estas son algunas de las conclusiones del estudio ‘Fiscalidad Ambiental en España’, presentado este lunes 24 de junio por el presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Valentín Pich; el director del Servicio de Estudios del CGE, Salvador Marín, y el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), Agustín Fernández.
Según han señalado, el hecho de que este tipo de tributos se trate «de manera diferente» en distintas comunidades autónomas «puede llevar a determinadas situaciones de tratar de modificar la ubicación o la producción para estar situados en el lugar más ventajoso».
Los economistas indican que en España el peso de los impuestos medioambientales es del 5% sobre el total de los ingresos tributarios y del 1,8% del PIB, en línea con la media de la OCDE, aunque por debajo de la media de la UE, del 5,8% y el 2,4% del total de ingresos y del PIB, respectivamente.
En líneas generales, han abogado por una reforma tributaria global y porque la fiscalidad ambiental «se reconfigure» para que «pueda orientarse hacia los objetivos generales de descarbonización y de protección del entorno». En su opinión, tendría que haber una estrategia global del «palo y la zanahoria», es decir, que «paguen los agentes contaminantes por el daño causado» y que quien no contamine reciba incentivos; con apuestas por las tecnologías limpias y el I+D+i.
Así, los expertos han destacado que este tipo de impuestos no deben tener una finalidad recaudatoria, sino «de cambio de comportamiento», y en este sentido han destacado el impuesto sobre el carbono, el «ejemplo más claro de imposición con una afinidad principalmente medioambiental». Además, han indicado que este tipo de tributos se deben introducir «de una forma sustitutiva a otro tipo de impuestos» y que deben ser algo «circunstancial o transitorio hasta que se logren los objetivos».
Con respecto a la situación impositiva actual en España, los expertos han explicado que, a nivel de IRPF y de impuestos sociales, se está trasladando el mensaje de que colaborar o participar de esta política medioambiental es positivo a través de distintos incentivos. Sin embargo, sí que opinan que está habiendo «ciertos desajustes» con el impuesto del plástico, que está provocando cierta «falta de competitividad» en comparación con otros países de la Unión Europea (UE).
IMPUESTOS A LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
En cuanto a los impuestos que gravan la circulación o la propiedad de vehículos, si su finalidad principal es medioambiental y está relacionada con las emisiones de carbono, los economistas se preguntan si no sería mejor establecer por un lado «un apoyo claro, concreto y real» que incentive el desarrollo de nuevas tecnologías mitigadoras y, paralela y conjuntamente, un único impuesto sobre el transporte.
«Es decir, cabe preguntarse si es oportuno que los gobiernos subcentrales, comunidades autónomas y municipios tengan capacidad normativa en los mismos, teniendo en cuenta que el impacto ambiental de las emisiones de CO2 es el mismo con independencia del lugar dónde se efectúen», reiteran los economistas.