Como es sabido, las medidas adoptadas por las instituciones públicas durante la pandemia mundial de Covid menoscabaron de forma notoria las arcas de las principales compañías aéreas. Incluidas, por supuesto, las que operan en nuestro país. Por ese motivo la principal asociación de aerolíneas a nivel mundial IATA, tiene abiertos varios procedimientos judiciales en nuestro país, el principal con una reclamación en torno a los 2.500 millones de euros.
Pues bien, a esta reclamación ante los tribunales se suma la que la IATA ha presentado contra Aena como consecuencia de la aplicación de las tarifas aeroportuarias y en la que están en disputa un total de 1.000 millones de euros, según informa el diario económico Expansión.
Según la información publicada por ese medio, es esta segunda reclamación la que tiene más visos de prosperar ante el Tribunal Supremo, organismo judicial que se ha hecho cargo de la causa tras la solicitud de la propia Aena. Más en concreto, lo que se está dirimiendo tiene relación con la fórmula con la que se aplican las tarifas aeroportuarias y que, según la reclanación de las compañías aéreas, están sujetas a la ley aprobada en 2014, que regula las funciones de Aena. Según el articulado de esta norma, las tarifas aeroportuarias no podrían subir, pero sí bajar, hasta el año 2025.
Cuál es la subida real este año
Lo cierto es que en 2024 se está aplicando un incremento real en las tarifas aeroportuarias de un 4,09% por ciento, desglosado en un 3,5% por la subida de los gastos externos de Aena (o factor P y sobre los que la compañía no tendría control) y un 0,59%, en concepto de mejoras de la prestación de servicios.
Sobre el factor P, al tratarse de una subida superior al 1% respecto al ejercicio anterior, Aena ha tenido que contar con la aprobación extraordinaria por parte del Gobierno, a través del Consejo de Ministros. De esta forma, la tarifa actual se sitúa en 10,35 euros por pasajero, frente a los 9,14 que las principales compañías aéreas sostienen debería ser precio real.
Por su parte, Aena argumenta que las tarifas actuales son un 6,9% inferiores a las de 2015, cuando comenzó a aplicarse la ley que regula su funcionamiento y salida a Bolsa. Asimismo, considera que la subida actual está avalada por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), al tiempo que defiende la mejora la eficiencia de los servicios gracias a la aplicación de las tarifas actuales.
