La Comisión Europea ha lanzado una investigación formal sobre las posibles trabas impuestas por China a las empresas europeas que buscan acceder a la contratación pública en el sector sanitario de este país pero se encuentran en desventaja con las empresas nacionales que gozan de condiciones distintas en las licitaciones.
Así consta este miércoles publicado en un anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y recogido por Europa Press en el que se detalla que Bruselas actúa ante «supuestas medidas y prácticas» de las autoridades en China que han «dificultado de forma grave y recurrente el acceso de los operadores económicos, bienes y servicios de la Unión al mercado de la contratación pública de productos sanitarios de China».
Entre las irregularidades detectadas por los servicios comunitarios figura el favorecer la compra de productos y servicios sanitarios nacionales con estrategias como la llamada ‘Made in China’ por la que los hospitales chinos deben comprar al menos un 50% de su material a empresas nacionales.
También apunta restricciones a las importaciones al imponer criterios más estrictos y más burocracia a las empresas extranjeras o la imposición de condiciones para la contratación centralizada de productos sanitarios que dan lugar a «ofertas anormalmente bajas que no pueden ser sostenidas por las empresas con ánimo de lucro».
Así las cosas, el Ejecutivo comunitario considera en su evaluación preliminar que las condiciones de contratación pública en el mercado chino «suponen una desventaja significativa y sistémica» para los competidores europeos que se enfrentan a «procedimientos discriminatorios».
La Unión Europea recurre así al nuevo Instrumento de Contratación Internacional (ICI) creado para reaccionar ante acciones restrictivas de terceros países en sus respectivos mercados que suponen una discriminación para las empresas europeas.
Las investigaciones en el marco de este mecanismo prevén una primera fase de consultas con el país en cuestión sobre las posibilidades de apertura de su mercado de contratación pública. Los servicios comunitarios disponen ahora de un plazo de nueve meses para concluir la investigación, aunque el nuevo marco prevé prórrogas de hasta cinco meses en casos «justificados».
De no resolver la controversia en ese momento, Bruselas podrá tomar medidas para restringir el acceso al mercado de contratación pública de la UE de las empresas que procedan de este país si sigue imponiendo trabas a las compañías europeas.