La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha celebrado que el Parlamento Europeo haya aprobado este martes el Reglamento Europeo contra la Morosidad, que marcará «el fin de los plazos abusivos que minan la competitividad y viabilidad de las empresas, especialmente las pymes y autónomos».
En opinión del presidente de la PMcM, Antoni Cañete, el reglamento «supone un avance extraordinario, democrático y sin precedentes», aunque ha advertido que aún falta que se apruebe definitivamente en el Triálogo, es decir, en las próximas negociaciones entre el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.
El Triálogo se celebrará tras las próximas elecciones al Parlamento Europeo de junio, una vez constituido y bajo la presidencia de la Unión Europea por parte de Hungría. «Que el Reglamento Europeo se apruebe más rápido o con mayor lentitud dependerá, en parte, del Gobierno húngaro, que son los que tienen que promover el acuerdo en el Consejo de la Unión Europea», ha señalado Cañete a través de un comunicado.
Desde la Plataforma, esperan que el Consejo de la Unión Europea no se oponga a la aprobación del Reglamento Europeo. «Tenemos constancia de que hay determinados países (como Alemania, Francia y Holanda) que, al no sufrir problemas de morosidad, no es que no necesiten esta normativa, sino que además su futuro funcionamiento les supondría un añadido de burocracia que se quieren evitar, y es por ello que quizás decidan oponerse a su aprobación», ha alertado el presidente del PMcM.
Ante esta situación, la Plataforma les ha instado a que no se opongan para agilizar su puesta en marcha, y que el texto definitivo sea lo más cercano al planteado.
SANCIONES Y PLAZOS DE PAGO MÁS CORTOS
El nuevo reglamento será de obligado cumplimiento, por lo que todos los Estados miembros tendrán que cumplirlo una vez que se apruebe definitivamente.
Según el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, la normativa, en su perspectiva de establecer un marco sólido en cuanto a los plazos de pago, mejorará la liquidez económica y, por ende, la viabilidad de las empresas, porque prevé sancionar a las empresas morosas si exceden del plazo de pago general fijado en 30 días (o en 60 para casos de necesidad de periodo de certificación o en 120 días para los artículos de baja rotación).
Además de las sanciones y de los plazos de pago fijados, en el Reglamento Europeo está previsto que haya la posibilidad de compensación de créditos con las Administraciones Públicas cuando se trate de contratos públicos; y que se prohíba la utilización de medios de pago que alteren las condiciones de pago.