El Banco de España insta en su informe anual de 2023 a incrementar los incentivos para que los parados retornen al empleo, así como a clarificar las causas del despido objetivo para evitar que la posible introducción de indemnizaciones por despido improcedente acordes a las circunstancias del trabajador y más disuasorias, como planea llevar a cabo el Ministerio de Trabajo, judicialice el despido y perjudique el empleo.
Así, más que centrarse en el despido improcedente, la institución considera que lo importante es seguir avanzando en la definición de las causas del despido objetivo ante la inminente resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el coste del despido injustificado en respuesta a la denuncia de UGT de que en España no es suficientemente disuasorio y de que la indemnización ha de tener en cuenta las circunstancias personales del trabajador.
El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, ha señalado que introducir este elemento en la regulación del despido, como prevé hacer la vicepresidenta Yolanda Díaz, hará que desaparezcan las indemnizaciones tasadas para pasar a otras que habría que aclarar por vía judicial, elevando así la incertidumbre. De ahí la importancia de clarificar el despido objetivo.
El Banco de España apunta que las indemnizaciones por despido procedentes en España (20 días por año trabajado) «son relativamente elevadas en el contexto internacional», mientras que el coste del despido improcedente (33 días por año de servicio) no está, sin embargo, entre los más altos.
En este sentido, «para favorecer la necesaria reasignación sectorial y ocupacional del empleo», entiende que «podría resultar adecuado» seguir avanzado en la definición de las causas objetivas de despido y en la reducción de la incertidumbre asociada a estos procesos.
«Esto sería particularmente relevante en el contexto de una posible determinación de las indemnizaciones por despido improcedente mediante costes disuasorios y reparativos (artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada), que propiciara que la cuantía de dichas indemnizaciones variase en función de la situación personal de cada trabajador, lo que aumentaría, previsiblemente, la conflictividad judicial por despidos y la incertidumbre y el coste de dichos procesos, con potenciales efectos negativos sobre el empleo», apunta el Banco de España.
ELEVAR LOS INCENTIVOS PARA RETORNAR AL EMPLEO DESDE EL PARO
La institución reclama una «revisión exhaustiva» de las políticas de empleo ante una tasa de paro «persistentemente más elevada» que la de otros países y los retos que suponen los cambios tecnológicos que vienen de la mano de la robótica y la Inteligencia Artificial (IA) y del envejecimiento de la población. Este último, ha advertido Gavilán, no se solucionará únicamente con más inmigración y alargando la vida laboral de los trabajadores, sino que requerirá también mejorar las políticas formativas.
En el marco de esa revisión de las políticas de empleo por la que aboga, el Banco de España pide «incrementar los incentivos para el retorno al empleo de los parados», así como garantizar la suficiencia de las prestaciones y mejorar la coordinación con las políticas activas de empleo. «Las prestaciones por desempleo deben ofrecer una adecuada protección a los parados, sin que ello perjudique los incentivos a la búsqueda de empleo y a la movilidad laboral», sostiene.
En este sentido, ve «deseable» una reforma de las políticas pasivas de empleo que introduzca cambios en la duración de las prestaciones y subsidios por desempleo, condicionándolos «posiblemente» al ciclo económico, y/o «sendas decrecientes» en sus cuantías, sin reducir los niveles de protección ‘ex ante’.
La institución considera que existe margen en España para «ajustar» los requisitos de elegibilidad, las tasas de sustitución de las prestaciones, su variación en función de la duración del desempleo y la propia duración máxima de las prestaciones, de forma que se pueda alcanzar un mejor equilibrio en «la disyuntiva entre sustitución de rentas e incentivos a la búsqueda de empleo».
Al mismo tiempo, aboga por permitir que determinados subsidios y prestaciones sean compatibles con el empleo, de manera temporal o permanente. Particularmente, considera que la conversión de parte de las prestaciones en complementos salariales cuando se encuentre un nuevo empleo contribuiría a facilitar la movilidad laboral y la salida del paro. «De esta manera, además, los incentivos al reempleo no se limitarían exclusivamente a una eventual disminución de las prestaciones/subsidios con su duración», argumenta.
El Banco de España pide además unificar todos los programas de rentas de subsistencia y de lucha contra la pobreza (subsidios, Ingreso Mínimo Vital y ayudas locales y regionales) para incrementar su cobertura y eficiencia, así como reforzar la coordinación de las políticas activas y pasivas de empleo.
En lo que respecta a las políticas activas, insta a que el sistema educativo y la formación ocupacional modernicen y adapten sus contenidos a las nuevas tecnologías, así como que ganen peso las disciplinas STEM.
También aboga por que los servicios públicos de empleo diseñen perfilados profesionales y de emparejamiento de los desempleados con los empleos disponibles y por valorar «posibles colaboraciones y sinergias» con el sector privado.
Entre las medidas para afrontar los cambios demográficos, apuesta por fórmulas «más flexibles» para la contratación de los trabajadores de mayor edad; recolocaciones, reconversiones y formación profesional incentivadas; eliminación de salidas forzadas del empleo o una jubilación activa con mayores incentivos a compatibilizar pensión y salario.
La institución destaca que la principal característica del comportamiento reciente del mercado laboral ha sido el «considerable dinamismo» del empleo, asociado, en parte, al empuje del sector público, a la inmigración y al «atesoramiento de empleo» (empresas que deciden mantener la plantilla en periodos de menor actividad en previsión de futuras necesidades de demanda).
«FLEXIBILIDAD» PARA REDUCIR LA JORNADA LABORAL
Todo ello contrasta con la evolución de la productividad del trabajo, «que apenas ha aumentado desde el comienzo de la pandemia», y un crecimiento de las horas efectivamente trabajadas «sensiblemente menor». En este sentido, y de cara al objetivo del Gobierno de reducir la jornada laboral, pide que empresas y sectores dispongan de una «amplia flexibilidad» para evitar efectos negativos sobre los costes laborales, la productividad y el nivel de empleo.
Apunta, además, que en 2023 se produjo un aumento de los costes laborales por la subida de las cotizaciones sociales. Aunque esta medidas persigue reducir el «abultado» déficit del sistema de pensiones, los ejercicios de simulación del Banco de España señalan que un incremento de un punto en el tipo efectivo medio de las cotizaciones sociales podría generar, al cabo de cuatro años, una caída en el número de ocupados cercana al 0,25%.
Sobre el salario mínimo interprofesional (SMI), la institución indica que, tras las subidas de los últimos años, la ratio entre salario mínimo y salario medio «habría superado los objetivos del 60% del salario bruto mediano y del 50% del salario bruto medio» establecidos por la UE. Como resultado, el porcentaje de trabajadores afectados por el SMI en España ha pasado de un 5,1% en 2018 a un 11,5% en 2023, «y se estima que éste se situará en el 12,7% en 2024».
El Banco de España considera «conveniente» que las próximas subidas del SMI tengan en cuenta los posibles efectos adversos que podrían suponer, en ausencia de mejoras en la productividad, para el empleo de determinados grupos de trabajadores.