España se enfrenta a pérdidas de más de 1.636 millones de euros por laudos internacionales basados en el Tratado de la Carta de la Energía, que ha servido de base legal a los inversores extranjeros para denunciar al país por las primas a las energías renovables aprobadas en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Se han iniciado 52 arbitrajes bajo el Tratado de la Carta de la Energía contra España, ha informado el Gobierno en una respuesta parlamentaria a una batería de preguntas formuladas por el PP. De ese total, se han ganado 14 en fase de arbitraje o anulación, otros 25 han sido parcialmente estimados y otros 13 continúan pendientes de resolución.
En la respuesta parlamentaria, recogida por Europa Press, el Gobierno explica que la cantidad total que ha sido reclamada a España amparándose en el Tratado asciende a más de 10.640 millones de euros.
En esa cifra se enmarcan los 1.636,45 millones de euros que están pendientes de laudo. De su lado, hay otros 7.561,64 millones de euros que han sido ganados o ahorrados por España en procedimientos arbitrales y subsiguientes anulaciones, que representa un 84% de la cantidad que estaba en litigio, apunta el Ejecutivo.
ESPAÑA YA HA PEDIDO SALIR DEL TRATADO
Estos laudos y sus consecuencias económicas han sido una de las principales motivaciones que han hecho que el Gobierno de Pedro Sánchez haya solicitado la salida del Tratado, que se firmó en Lisboa en 1994 y del que forman parte varios Estados miembros de la UE y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom).
La petición de salida se formalizó mediante una denuncia presentada por el Gobierno y que ya ha sido aprobada por el Congreso, a pesar de que el PP presentar en un primer momento una enmienda a la totalidad, que no consiguió prosperar, para demorar la salida y hacerlo en coordinación con el resto de Europa.
Otros países del entorno europeo, como Francia o Alemania, también han solicitado la salida de este acuerdo multilateral, entre otros motivos por no adaptarse a los objetivos actuales para la transición energética. De hecho, tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea también han invitado a los Estados miembros a salirse del acuerdo.