El Banco de España ha observado «margen de mejora» en la información que la banca da a sus clientes de las medidas contempladas en el Código de Buenas Prácticas hipotecario, según se recoge en la Memoria de Supervisión de 2023 que el supervisor ha publicado esta semana.
El organismo explica que en 2023 ha realizado una revisión «específica» sobre el cumplimiento por parte de las entidades de las obligaciones de informar sobre las medidas contenidas en los dos códigos, el destinado a deudores vulnerables y el centrado en los que están en riesgo de vulnerabilidad.
Estas obligaciones son, básicamente aplicar las medidas previstas, la sujeción a dichos códigos, la de comunicar su contenido a los clientes y la de remitir la información al Banco de España.
Tras recabar datos, el Banco de España ha constatado que los bancos pueden mejorar en la información que dan sobre ambos códigos a través de sus páginas webs, en las comunicaciones dirigidas a los clientes y en la formación impartida a sus empleados con respecto a estos códigos.
En su informe de Estabilidad Financiera de Primavera de 2024 que ha publicado esta semana, el Banco de España explica que el uso de los Códigos de Buenas Prácticas se disparó en 2023, aunque sus volúmenes se mantienen contenidos en comparación con el saldo vivo hipotecario de las entidades.
En 2023, los bancos recibieron 61.428 solicitudes de adhesión al Código de Buenas Prácticas, de las cuales aprobaron 7.919, el 12% de las peticiones recibidas, y rechazaron 25.818, el 43%. La mayoría de los rechazos, más de un 80%, se debió a que las peticiones no cumplían los requisitos objetivos para beneficiarse de las medidas.
Estos datos contrastan con los de 2022, cuando las entidades recibieron 5.751 solicitudes y aprobaron 1.352 (el 23%), mientras que rechazaron casi el 65%.
En cuanto a la calidad crediticia de las operaciones que se han acogido a los códigos, el Banco de España indica la existencia de un «cierto deterioro» en 2023. «Debido a la orientación de estas facilidades hacia los hogares vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad, era esperable que se observaran ratios de calidad crediticia peores que para el conjunto de la cartera del crédito a vivienda», explica en concreto.
Así, detalla que del volumen de deuda sujeta a estos códigos, un 46,9% corresponden a operaciones reestructuradas dudosas, lo que supone un aumento de 1,5 puntos porcentuales frente a diciembre de 2022; un 2,7% a operaciones dudosas no reestructuradas, con un incremento de dos puntos porcentuales, y un 26,4% a operaciones en vigilancia especial, que aumentan en 5,3 puntos porcentuales.
Conviene recordar que a finales de 2022, el Gobierno y la banca acordaron reformar el Código de Buenas Prácticas hipotecario de 2012 para deudores vulnerables y crear un código para familias en riesgo de vulnerabilidad –este último con una vigencia hasta finales de 2024– ante la rápida subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) y la previsión de un empeoramiento de la economía.
Así, el Ejecutivo estimaba en aquel momento que estas medidas podrían beneficiar a un millón de hogares, una cifra que luego el Banco de España rebajó a los 549.000 potenciales beneficiarios ante el mejor desempeño económico.