La portavoz adjunta de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Teresa Jordà, ha anunciado este miércoles el registro de una proposición de ley para que el Ministerio de Agricultura elabore indicadores en los costes de producción de los alimentos y se eviten prácticas abusivas que perjudiquen a los agricultores.
En el marco de las protestas que agricultores y ganaderos de toda Europa protagonizan estas semanas por la situación del sector, Jordà ha llevado a la Cámara Baja una propuesta para que se amplíe y se refuerce la normativa relativa a la cadena alimentaria, porque a su juicio en la actualidad «queda extremadamente corta».
ERC considera que la legislación de la cadena alimentaria que se aplica desde 2013 «no está siendo eficaz» y los agricultores siguen vendiendo a pérdidas debido a una falta claridad en los objetivos y una «enorme dificultad» para llevar la normativa a la práctica.
De hecho, Jordà ha recordado que lo que reivindican los agricultores en las protestas «no es nada nuevo», pues tiene que ver con la competencia desleal de terceros países, el exceso de burocracia, las ventas por debajo de coste o la falta de flexibilidad de la Política Agraria Común (PAC).
PROHIBIR LA REVENTA A PÉRDIDAS
Cuestiones estas que denuncia ERC y que busca revertir con su proposición de ley, que en primera instancia quiere hacer efectiva la prohibición las ventas a pérdidas e incluir también las reventas en el sector, pues no se consideran en la legislación actual.
La ley de ERC sanciona también las prácticas abusivas de los grandes distribuidores hacia los pequeños productores y establece que hay posición de dominio cuando una empresa tiene una cuota de mercado del 8%.
Para detectar esas prácticas abusivas, ERC propone redefinir el precio del contrato alimentario y que siempre sea superior al total de costes asumidos, lo que se aplicará a cada eslabón de la cadena para evitar la destrucción de valor. A esto se suma que el operador que compre a productores primarios inscriba cada contrato alimentario que realice en un plazo de tres meses, flexibilizando los plazos.