La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido de que el veto del PP en el Senado a los objetivos de déficit supondrá restar capacidad de gasto por casi 5.000 millones de euros a comunidades autónomas y ayuntamientos.
«Con el voto del Partido Popular podrán gastar 5.000 millones de euros menos, simple y llanamente por una política de tierra quemada», ha criticado la ministra en Pleno del Senado que se celebra este miércoles para volver a debatir y votar los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las administraciones públicas en el periodo 2024-2026.
El pasado 7 de febrero, el PP ya hizo valer su mayoría absoluta en el Senado y tumbó los objetivos, de manera que forzó al Gobierno, tal y como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a volver a la casilla de inicio del trámite parlamentario y aprobar de nuevo en el Consejo de Ministros del 13 de febrero la senda de déficit.
Pero tras volver a presentarse los mismos objetivos por parte del Gobierno y pese al aval del Congreso, esta senda podría decaer definitivamente ya que el Partido Popular mantiene su posición de rechazarlos, aunque esto no supondrá un obstáculo para la aprobación de los Presupuestos de 2024.
Y es que, independientemente del resultado de la votación de este miércoles, la tramitación de los Presupuestos podrá seguir su curso y el proyecto podría ser aprobado por el Consejo de Ministros, una vez recabados los apoyos parlamentarios necesarios para poder sacarlo adelante en las Cortes Generales.
De hecho, Montero ha confirmado este miércoles que el Gobierno presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 pese al veto del PP en el Senado a los objetivos de déficit y ha advertido a los ‘populares’ que «se les va a hacer esta legislatura muy larga».
«Quiero dejar muy claro en esta tribuna que el Gobierno va a presentar su proyecto de presupuesto para 2024 y lo va a remitir a las Cortes Generales», ha asegurado Montero.
La titular de Hacienda ha cargado contra la política de obstrucción del Partido Popular, que «es realmente triste». «Su único objetivo es retrasar la presentación y la tramitación de los Presupuestos Generales para 2024», les ha afeado. Según Montero, el PP sigue instalados en esa «dinámica perversa» que su predecesor, Cristóbal Montoro, instaló ya hace unos años: «Que caiga España que ya la levantaremos nosotros».
Y es que la ministra ha advertido de que el voto en contra del esta senda impide que las comunidades autónomas y que los ayuntamientos tengan la posibilidad de tener mejor financiación y, por tanto, mayor capacidad de gasto para los servicios públicos que prestan de cara a los próximos tres años. «Lo que se hace desde Génova es restringir el espacio fiscal a todas las comunidades autónomas y ayuntamientos», ha avisado la ministra.
Montero ha acusado al Partido Popular de intentar «disfrazar esta negativa con una engañosa oferta de diálogo». Su «único plan», según la ministra, lo que el Partido Popular propone es una bajada indiscriminada de impuestos para poder votar esta senda.
Todo ello, mientras en Andalucía perdonan 6.000 euros al año al 0,2% de la población más rica al eliminar el impuesto sobre el patrimonio o en Madrid, un trabajador que gana 1.500 euros al mes paga más impuestos que una persona que hereda 2 millones de euros.
Además, ha preguntado al PP que si rechazan esta senda propuesta por el Gobierno qué van a hacer en Andalucía o Castilla y León que han elaborado un presupuesto con el objetivo de déficit que hoy votan en contra.
Pese a todo, intención del Ministerio de Hacienda es aprobar la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 en la primera parte del año. Para ello ya tiene listo el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, del Presupuesto del Estado para 2024, que se eleva a 199.120 millones de euros, un 0,5% más con respecto al ejercicio anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.
Cabe recordar que el techo de gasto no se vota en las Cortes, sólo los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, que tendrán que estar alineados con las normas fiscales europeas, tras años suspendidas por la pandemia.
Los objetivos fijan un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las administraciones públicas, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. En el caso de las autonomías se estableció un objetivo del 0,1% para 2024. Para 2025 y para 2026, las comunidades buscarán el equilibrio presupuestario.
Para las entidades locales también se acordó el equilibrio presupuestario (0%) del 2024 al 2026, mientras que para la Seguridad Social el déficit se fijó en un 0,2% para 2024, un 0,1% en 2025 y al 0% en 2026.
En lo que respecta al objetivo de deuda pública, el Gobierno prevé un 106,3% del PIB en 2024, del 105,4% en 2025 y del 104,4% e 2026. Por último, la regla de gasto se sitúa en un 2,6% para este año, un 2,7% en 2025 y un 2,8% en 2026.
OBJETIVOS MÁS EXIGENTES PARA CCAA Y AYUNTAMIENTOS SI DECAEN
Pero si se consuma un segundo veto a la senda de déficit, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avisado que los objetivos fijados serán los remitidos a la Comisión Europea en abril dentro del Programa de Estabilidad, lo que se traduciría en una menor capacidad de gasto para comunidades y ayuntamientos.
En concreto, los objetivos que se aplicarían si el PP rechaza en el Senado la senda del Gobierno fijan la estabilidad presupuestaria para comunidades autónomas y un superávit del 0,2% para ayuntamientos este año, lo que supone dar menos margen para el gasto de ambas Administraciones.
LA TRAMITACIÓN DE LOS PGE PUEDE SEGUIR SU CURSO
En los planes del Gobierno no está ese segundo veto a los objetivos, pues nunca ha sucedido, pero si ocurre, Hacienda tiene un ‘plan B’, que consiste en un informe de la Abogacía del Estado sustentado en el artículo 135 de la Constitución que permitiría la tramitación presupuestaria con esa senda remitida a Bruselas en abril.
El Partido Popular ha cargado contra este «informe inexistente» de la Abogacía del Estado mencionado por la ministra de Hacienda que le asegura la tramitación de las cuentas públicas en 2024.
«Digo inexistente porque en el Senado solicitamos este informe de la Abogacía del Estado el 12 de diciembre y hoy, 5 de febrero, no tenemos noticias de este informe y no se ha hecho público», llegó a denunciar la senadora popular, Alicia García.
Pero fuentes del Departamento que dirige María Jesús Montero han asegurado a Europa Press que este informe se conocerá en el caso de que el PP rechazara por segunda vez los objetivos.