La compañía mallorquina RIU y el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico están en pie de guerra. La decisión del ministerio de declarar la caducidad de la concesión del hotel Oliva Beach, ubicado en la isla de Fuerteventura, y ordenar su demolición ha desatado una fuerte reacción por parte de RIU, quien acusa al departamento dirigido por Teresa Ribera de llevar a cabo una «estrategia hostil» y manipular los hechos.
La cadena hotelera argumenta que esta medida pone en riesgo los empleos de 361 personas de forma directa y otros tantos de forma indirecta, y promete defender sus derechos legítimos ante lo que consideran una decisión injustificada. Para RIU, la declaración de caducidad de la concesión, otorgada en 2003, carece de argumentos válidos y forma parte de una supuesta «estrategia premeditada» para cerrar el hotel, que siempre ha operado dentro de la legalidad.
La polémica ha llegado también al ámbito político, enfrentando al Ejecutivo central con el Gobierno de Canarias, que considera que la orden emitida por el Ministerio vulnera sus competencias en la materia. Las patronales turísticas de Canarias han expresado su respaldo a RIU, calificando la medida ministerial como un «abuso de poder».
Sin embargo, esta decisión ha sido respaldada por grupos ecologistas como Ecologistas en Acción, que argumentan que la demolición del hotel es necesaria debido a presuntas irregularidades legales y ambientales. Argumentan que no es la primera vez que se derriba un hotel en Canarias por incumplir la legalidad.