EH Bildu ha registrado una propuesta en el Congreso para que el Gobierno no lleve a cabo el traspaso de las pruebas diagnósticas de bajas traumatológicas y tratamientos terapéuticos a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, pues corresponde a los sistemas públicos de salud esta tarea.
A través de una proposición no de ley, los ‘abertzales’ se posicionan en contra del anuncio de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para articular «fórmulas de colaboración» entre los servicios sanitarios públicos y las mutuas colaboradoras.
Esa colaboración, explica Bildu, pretende la derivación a las mutuas de pacientes que están de baja por una patología traumatológica que no se ha originado en el lugar de trabajo. Para Bildu esto supone diferenciar la atención sanitaria para algunos problemas de salud entre la población trabajadora y el resto de la población.
PUEDE DEBILITAR EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD
La formación advierte que la medida puede ser «de gran calado» por sus posibles consecuencias y también implica «debilitar el sistema público de salud».
Además, apostilla el partido, «es muy cuestionable» que la atención de los pacientes mejore en las mutuas si se tienen en cuenta las práctica de colaboración actuales. Bildu también alerta que otros efectos previsibles de la medida, como la mayor dificultad de reconocer el origen laboral de múltiples daños o que las mutuas pasen a facturar el coste asistencial de las nuevas bajas al sistema público de salud.
Lo que Bildu cree que pasará es que ante nuevos casos las mutuas colaboradoras harán una selección de las patologías y pacientes de mejor pronóstico y generarán un gran aumento de la derivación para atención por parte de los centros privados.
Por todos estos motivos, Bildu exige al Gobierno paralizar el plan de Elma Saiz para que las mutuas traten las bajas traumatológicas y tratamientos terapéuticos que por contingencias comunes corresponden a los sistemas públicas. También piden crear una ponencia para analizar y diseñar el procedimiento necesario para la integración de las mutuas y sus recursos en los sistemas públicos de salud, tal y como prevé la Ley General de Sanidad.