El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (Cepesca), ha solicitado al Ministerio de Defensa que se prorrogue un año más la ‘Operación Atalanta’, puesta en marcha por la Unión Europea a finales de 2008 para hacer frente a la amenaza de los piratas somalíes para las flotas mercante y pesquera, y que España lidera en estos momentos, según informa en un comunicado.
En concreto, la flota nacional se une así a la petición realizada por carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por el Clúster Marítimo Español (CME), asociación sin ánimo de lucro que defiende y representa los intereses de más de 140 entidades que engloban a más de 3.000 empresas y entidades relacionadas con la economía azul.
Esta petición surge tras conocerse el último Informe sobre Piratería y Robo Armado publicado el pasado mes de 2024 por la Oficina Marítima Internacional (IMB, por sus siglas en inglés), que advierte del «preocupante aumento» de los incidentes de piratería marítima y robo a mano armada registrados durante 2023, y especialmente del secuestro registrado en diciembre en las costas de Somalia, el primero que se produce en esa zona desde 2017.
Según este informe, en 2023 se produjeron 105 abordajes, nueve intentos de ataque y el secuestro de cuatro embarcaciones de las que dos fueron objeto de disparos. En total, se contabilizaron el año pasado 120 incidentes de piratería marítima y robo armado contra barcos, cinco más en comparación con los 115 registrados en 2022.
Cepesca ha advertido de que estos incidentes, que ponen en peligro la seguridad de los trabajadores del mar, ya que el número de tripulantes tomados como rehenes pasó de 41 a 73, mientras que, si en 2022 fueron dos los que fueron secuestrados por piratas, esta cifra se elevó a 14 en 2023.
De esta forma, la flota española, ante la evidencia de que la piratería sigue siendo un riesgo para los barcos que transitan frente a las costas de Somalia, ve necesario que España prorrogue la ‘Operación Atalanta’, que tan «buenos resultados» ha dado en la seguridad de los buques españoles que transitan o faenan en la región, más allá del 13 de diciembre de 2024.