El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha instado este jueves a hacer una «reflexión» sobre el papel que desempeñan los intermediarios en la compraventa de productos, tanto en el sector público como en el privado, porque éstos no suelen aportan «ningún valor añadido a nada» y «básicamente se forran» con estas operaciones.
«A veces por intermediar y por aportar bastante poco valor añadido tienen unos retornos económicos absolutamente desproporcionados. Cuando se hace fuera de la ley con cohechos o con tráficos de influencia, hay que perseguirlo, pero es que otras veces se hace dentro de la ley. No estoy pidiendo que se meta en la cárcel a alguien que no ha cometido ningún delito, pero que alguien por intermediar en mascarillas se lleve un 18% ó un 20% de margen, sea legal o no sea legal, es impresentable», ha subrayado a preguntas de los periodistas por el ‘caso Koldo’.
En rueda de prensa para presentar un informe de empleo elaborado por el Gabinete Económico del sindicato, Sordo ha afirmado que cualquier actuación que apunte a un caso de corrupción «tiene que tratarse con el máximo rigor».
En este sentido, ha señalado que las conclusiones hay que sacarlas cuando haya también «avances y verdades judiciales» y no «especulaciones sobre narrativas» que luego la Justicia puede acabar por desvelar que no eran así.
Sordo ha recordado que cuando llegó la pandemia y el estado de alarma, se produjeron «situaciones absolutamente imprevisibles», en las que «seguramente se pagaron auténticas barbaridades, con ojos de hoy» por productos como las mascarillas y los hidrogeles.
«Era un momento en el que nadie sabía muy bien cómo proveernos de estos elementos que nos tenían que salvar la vida y seguramente es explicable que se pagaran aquellos enormes precios porque era lo que había y nadie sabía muy bien también cómo comportarse», ha argumentado.
El líder de CCOO ha señalado que hubo intermediarios que, durante la pandemia, se aprovecharon de la situación de emergencia y de la relajación de controles, que «prácticamente no se pudieron ejercer».
«Parte de los problemas históricos de España tienen que ver con ese rentismo, ese capitalismo especulativo de personajes que a veces dentro de la ley y a veces fuera de la ley se han dedicado a forrarse sin aportar nada a la economía y nada al bienestar de la sociedad», ha defendido Sordo.
El dirigente sindical ha asegurado que la contratación pública tiene unos niveles de exigencia y de control «enormes» en este momento.
«La Ley de contratos públicos es verdaderamente, incluso exageradamente garantista, pero en aquel impasse, donde todo se vino abajo, en plena pandemia, pues volvieron a surgir esa especie de estraperlismos del siglo XXI, a veces dentro de la ley y a veces fuera de la ley. Hay que perseguir esas prácticas y castigarlas penalmente», ha opinado.
En todo caso, Sordo ha dejado claro que no existe en España una «utilización espuria de los recursos públicos de forma generalizada». «Ni remotamente, está bastante controlado y no puede trasladarse la impresión de que España sigue siendo un país donde la corrupción campa a sus anchas», ha concluido.