La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, ultima el contrato de intermediación bursátil para proceder a la entrada del Gobierno en Telefónica a través de la adquisición de hasta un 10% de las acciones de la compañía, un proceso en el que se está sondeando tanto a entidades financieras nacionales como extranjeras.
Este contrato está «a punto de ser adjudicado», según han señalado a Europa Press fuentes del mercado, que también han apuntado que a pesar de que en la terna figuren bancos extranjeros, serían entidades financieras españolas como BBVA y Caixabank las que estarían mejor posicionadas para ejecutar finalmente la intermediación bursátil de la operación.
En ese sentido, cabe recordar que tanto BBVA como Caixabank forman parte del denominado ‘núcleo estable’ en el accionariado de Telefónica, puesto que tienen en torno a un 5% cada uno.
Por otro lado, las fuentes consultadas por Europa Press también han revelado que la SEPI ya habría adjudicado el contrato de asesoramiento para ejecutar el desembarco del Gobierno en Telefónica, si bien no se ha dado a conocer el nombre de la entidad financiera que lo llevará a cabo.
En este contexto, Europa Press se ha puesto en contacto con la SEPI para preguntar sobre este asunto, aunque el organismo ha evitado realizar comentarios sobre este procedimiento debido a la confidencialidad del mismo.
FINANCIACIÓN DE LA COMPRA
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, afirmó el pasado viernes que el Gobierno está estudiando los detalles sobre cómo realizar la financiación específica de la compra de hasta el 10% de Telefónica por parte de SEPI, en paralelo a las negociaciones sobre los Presupuestos para 2024.
«Es una operación que se decidió hace pocas semanas y estamos estudiando los detalles», aseguró el ministro en declaraciones a Bloomberg TV recogidas por Europa Press.
Cuerpo añadió que este análisis se está haciendo en paralelo a la negociación de los Presupuestos para este año.
Por otro lado, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, también se refirió a esta operación el pasado viernes. «He trabajado en un banco diez años, en ‘corporate investment banking’, y por lo tanto sobre este tipo de operaciones digamos que hay que dejar a los que la han estructurado que la vayan desplegando a su ritmo y con la máxima discreción», se limitó a valorar el titular de Transformación Digital en un desayuno en Nueva Economía Fórum.
ESTABILIDAD ACCIONARIAL
El pasado 19 de diciembre, el Consejo de Ministros ordenó a SEPI la compra de hasta un 10% del capital social de Telefónica con el objetivo de proporcionar a la operadora española una mayor estabilidad accionarial y contribuir a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas.
«SEPI procederá a llevar a cabo los trámites y actuaciones que permitan poner en marcha el proceso para, minimizando el impacto en la cotización, completar la adquisición del volumen de acciones necesario», dijo entonces el Gobierno.
«La presencia de un accionista público en Telefónica supondrá un refuerzo para su estabilidad accionarial y, en consecuencia, para preservar las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales», señaló hace unas semanas el Ministerio de Hacienda.
El Gobierno argumentó en diciembre que la entrada en el capital de la compañía de telecomunicaciones va en la línea de la de otros países europeos, pues Alemania participa en el capital de Deutsche Telekom, Francia en el de Orange e Italia adoptó el pasado verano un acuerdo para incrementar hasta el 20% su participación en la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia.
La decisión del Gobierno español de entrar en Telefónica se produjo unos meses después de que la ‘teleco’ saudí STC –controlada en un 64% por el Gobierno de Arabia Saudita a través del fondo soberano PIF (Public Investment Fund)– irrumpiese de forma sorpresiva en el accionariado de Telefónica con un 9,9% del capital social de la compañía.
Esta operación, que se fraguó sin que la dirección de Telefónica estuviese al tanto, consistió en la adquisición de un 4,9% de acciones de forma directa y de un 5% mediante derivados financieros.
La normativa vigente en España en materia de inversiones extranjeras en empresas cotizadas estratégicas recoge que el Ejecutivo tiene que dar permiso a los inversores extracomunitarios que pretendan adquirir más del 10% de una sociedad de este tipo.
Sin embargo, este umbral se rebaja al 5% en el caso de empresas con intereses en el ámbito de la defensa nacional, como es Telefónica.
Cuando se complete la compra del 10% de Telefónica por parte de SEPI, la sociedad estatal se convertirá en el principal accionista de la operadora, por delante de STC y del núcleo estable de accionistas de Telefónica, formado principamente por BBVA y CaixaBank.
Asimismo, cuando SEPI adquiera el 10% de Telefónica tendrá posibilidad de adquirir un asiento en el consejo de administración de la compañía.